El dictamen del Parlamento estará listo el 22 de noviembre

El informe de la Cámara de Cuentas sobre el fondo de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo es la base sobre la que los grupos parlamentarios redactarán sus conclusiones de la comisión de investigación de los ERE. El dictamen final ya tiene fecha: el 22 de noviembre debe ser acordado por los grupos parlamentarios, según ha anunciado este lunes el presidente de la comisión, Ignacio García. La intención es que el documento sea ratificado en el Pleno que se celebra los días 28 y 29 de ese mes.

La posibilidad de acordar unas conclusiones que convenzan a todos es una tarea imposible a la vista de cómo actuaron los grupos en las sesiones de comparecencias ante la comisión, celebradas entre el 21 de agosto y el 25 de septiembre. Con todo, García explicó que se elaborará una ponencia de resumen que recogerá las propuestas coincidentes de los grupos. Descartado el consenso para un dictamen final, IU tendrá la llave para inclinar la balanza a favor de unas conclusiones más próximas a los intereses del PSOE o del PP.

Antes de llegar al Gobierno, IU fue implacable en sus críticas a la corrupción sostenida durante años en el caso de los ERE fraudulentos. Sus diputados aseguran que el pacto de Gobierno con el PSOE no les ha influido en las sesiones de comparecencias y tampoco lo va a hacer a la hora de redactar el dictamen final. Pero los socialistas aspiran a rebajar las conclusiones más duras de IU y evitar que señalen directamente a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.

El PSOE pretende limitar las responsabilidades a la Dirección General de Trabajo, el departamento que dirigió durante nueve años Javier Guerrero, el principal imputado en la causa judicial de los ERE. Esta fue también la tesis que defendieron en sus comparecencias Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Extender más allá las responsabilidades puede acabar salpicando a miembros del actual Gobierno que también pertenecieron al anterior, como la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y al propio presidente de la Junta, que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 y al que la juez Mercedes Alaya ya ha señalado en algún auto.

A Martínez Aguayo y Griñán también señalarán con toda probabilidad las conclusiones del PP. Durante las sesiones de comparecencias, los populares intentaron cargar la responsabilidad directa de los ERE fraudulentos a todos los gestores de Empleo, Innovación y la agencia Idea (que pagaba las ayudas). Y de ahí, a la cúpula del Gobierno actual.