Móviles públicos que echan humo

Los teléfonos móviles del Ayuntamiento de Torrevieja echan humo, y en algunos de los casos están al rojo vivo. La actualidad política de Torrevieja, animada ya de por sí habitualmente, se ha visto salpicada por un escándalo de tono subido y picante, que evidencia una enésima confusión entre lo público y lo privado por parte de los representantes políticos de los ciudadanos.

La elevada temperatura que han alcanzado algunas de las 500 líneas móviles que están en manos de los concejales del equipo de gobierno, la abultada lista de asesores y la nómina de técnicos y funcionarios no tiene nada que ver que con la frenética actividad pública de sus usuarios. En una decena de casos (tres de ellos concejales del PP), los titulares de las líneas móviles municipales engordaron la factura al recurrir a servicios pornográficos de pago, llamadas a líneas de contacto eróticas o, simplemente, maratonianas conversaciones con la novia. Un mes después de estallar el escándalo, el Gobierno local, que lidera Eduardo Dolón, del PP, mantiene en el cargo a los concejales implicados y ha pagado las facturas que en el caso de un edil ha llegado a 415 euros en solo un mes en llamadas a su pareja.

El equipo de gobierno niega a la oposición cualquier dato sobre el detalle de las facturas y acaba de acceder a convocar un pleno extraordinario para debatir el asunto. El PP se escuda en el derecho fundamental “al secreto de comunicaciones” para justificar su hermetismo. El alcalde sólo ha informado de que la factura de los móviles del equipo de Gobierno (17 ediles y 20 asesores) correspondiente a los años 2007, 2008, 2009 y 2010 ascendió a 370.000 euros.

El supuesto uso abusivo de los móviles públicos del Consistorio estalló a mediados del pasado mes de septiembre, cuando trascendió que el campeón olímpico de marcha en Barcelona 92 y actual concejal de Deportes, Daniel Plaza, usó su terminal para llamar a líneas de contactos eróticos. La polémica continuó con el concejal de Seguridad, Eduardo Gil Rebollo, que contrató canales pornográficos de pago y otros servicios como fútbol, también de pago.

El tercer concejal implicado es Javier Montoro, responsable del área de Infraestructuras, que en un mes gastó 415 euros en llamadas a su novia. Este edil ha reconocido este error que explica que cometió durante todo un año y asegura que cuando cuantifique el monto total de este gasto, devolverá el dinero a las arcas municipales.

Gil Rebollo tenía contratado un canal de pago porno en el móvil municipal, según recoge el extracto de las facturas del consumo del terminal público asignado al edil correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2011. En la relación de las mencionadas facturas del móvil oficial de Gil Rebollo se incluye el pago de nueve euros al mes por el servicio Especial Streaming, que oferta seis canales de contenidos pornográficos. La factura de móvil de este concejal ascendió en octubre a un total de 314,0511 euros, incluidos 40,5 euros por contenidos de Internet, pese a que los concejales cuentan con tarifa plana. En el mes noviembre la factura fue de 339,8528 euros, de los cuales 42 euros eran de Internet.

Además de estos tres casos, desde otras siete terminales móviles más del Ayuntamiento sus titulares (asesores y técnicos municipales, cuya identidad no trascendido) también contrataron canales porno de pago.

El silencio ha sido hasta ahora la actitud del Gobierno de Eduardo Dolón a la hora de encajar la batería de iniciativas de la oposición para conocer el detalle de esas facturas. En el último pleno de corporación que salió a colación esta cuestión, el alcalde optó por respaldar a sus ediles alegando que ese presunto uso privado e irregular de los móviles fue de “manera involuntaria”, pagar las facturas y anunciar una investigación interna, dirigida por los servicios informáticos municipales. Tres semanas después, no ha trascendido oficialmente ninguna conclusión de esa investigación.

El grupo municipal más beligerante ha sido el de Los Verdes. Su portavoz, José Manuel Dolón, asegura que hasta en 17 ocasiones se han dirigido si éxito al Gobierno reclamando esa información. “El alcalde lleva 15 meses impidiendo la fiscalización del uso y consumo de los teléfonos móviles que usan concejales y personal de confianza del Ayuntamiento”, asevera Dolón. “Todas las preguntas han sido respondidas con evasivas e inexactitudes. Se ha evitado identificar a los concejales, funcionarios y cargos de confianza que disponen de móvil durante el anterior y el presente mandato e incluso se niegan a facilitar el número que tenía cada uno de ellos”, añade el dirigente de Los Verdes.

En la respuesta del pasado 18 de octubre del alcalde a la petición del portavoz de Los Verdes del detalle de las facturas, el regidor justificó así su negativa: “Visto que las mencionadas facturas contienen datos del desglose de llamadas cuya difusión podría vulnerar los derechos constitucionales reconocidos en artículo 18, en especial el secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal y familiar. Por la presente dispongo que se facilite a José Manuel Dolón copia de las mencionadas facturas en cuanto a la parte que no contiene el desglose de las llamadas efectuadas, al objeto de que se pueda comprobar la integridad de la cuenta general rendida”.

Esta tesis jurídica que esgrime el alcalde es cuestionada por la prestigiosa publicación El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, que en su contestación a la pregunta si debe facilitarse a los concejales de la oposición el listado de los teléfonos a los que ha llamado desde un móvil asegura: “Entendemos que dentro del derecho que tienen los concejales a obtener información de cuantos antecedentes, datos e informaciones precisen para el desarrollo de sus funciones, está la petición de consultar facturas desglosadas de los teléfonos oficiales de la Administración no sea que de ellos se esté haciendo un uso abusivo o inadecuado para fines particulares”.