Seis horas con las cuentas en el aire

Sobre la reunión del pasado martes del Consejo Vasco de Finanzas sobrevoló la posibilidad de un serio conflicto para las principales instituciones de Euskadi. Durante seis horas, los representantes de las tres Diputaciones y del Gobierno autónomo discutieron sobre el destino de los 309 millones de euros recuperados por aquellas de las empresas por las ayudas ilegales de las vacaciones fiscales. Y existió una posibilidad más que real de que la reunión se cerrase sin llegar a un acuerdo.

La principal consecuencia de ese bloqueo hubiera sido la paralización de los presupuestos para 2013 de todas las instituciones. Álava y Bizkaia hubieran tenido que prorrogar sus cuentas y, de paso, hubieran arrastrado a Gipuzkoa a esa situación y con ellos a todos los Ayuntamientos vascos.

El apoyo de la Diputación de Gipuzkoa, en manos de Bildu, al acuerdo de octubre de 2011 y el resultado final que obliga a Bizkaia y Álava a introducir esos fondos en el sistema de reparto, evitó esa situación, pero el Ejecutivo vasco estaba decidido a evitar como fuera que los diputados generales de Bizkaia, el peneuvista José Luis Bilbao, y Álava, Javier de Andrés, del PP, boicotearan un largo año de trabajo en el que las cuatro instituciones habían avanzado sin desviarse de esa tesis.

El Consejo Vasco de Finanzas es un organismo paritario en el que el Gobierno autónomo cuenta con tres votos y cada Diputación, con uno. Eudel, la asociación que agrupa a los 251 municipios vascos, asiste sin voz ni voto, pese a que las decisiones que se adoptan en su seno afectan de manera directa a los consistorios.

El empate es bloqueo, y con ello se paralizan los eventuales acuerdos. De haber triunfado las tesis del PNV y del PP, el Gobierno hubiera bloqueado inmediatamente las votaciones.

En el debate sobre la preliquidación de los ingresos tributarios de 2012, —el primero de los puntos que debatieron— el Ejecutivo en funciones hubiera tenido problemas porque las Diputaciones le hubieran privado de los 210 millones de euros que estaban previstos en ese reparto, y eso hubiera supuesto en torno a dos décimas de PIB que se hubieran sumado al 1,5% al que el Gabinete de Patxi López se ha comprometido en el Plan de Reequilibrio Financiero.

Aunque ya estaba pactado incorporar esas cantidades al ejercicio de 2012, Álava seguramente lo hubiera retenido.

Pero en el segundo punto, es decir, el relativo a la aprobación del escenario de ingresos tributarios para 2013, el Gobierno volvería a bloquear el acuerdo y, ese escenario, que la consejería de Hacienda quiso evitar en plena campaña electoral, daría lugar a un retraso sistemático de la tramitación presupuestaria de las cuentas de todas las instituciones concernidas. Resulta una posibilidad que en época de crisis supone un auténtico problema.

De hecho, José Luis Bilbao fue por ello uno de los más críticos con el aplazamiento por varios días de la reunión del Consejo que decidió unilateralmente el Gobierno vasco para sacarlo de la campaña electoral.

El martes, Bilbao adelantó que se vería obligado a prorrogar, al menos un mes, la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio.

Al no tener aprobado un escenario de previsión de ingresos tributarios, las instituciones no pueden elaborar su propio escenario de gastos. Respecto al del Gobierno autónomo, está asumido que, al menos hasta el próximo mes de mayo, si todo va bien, no podrá ver la luz, debido a todos los trámites previos que suponen la constitución del nuevo Parlamento, y posterior elección del lehendakari y formación de su Ejecutivo.