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El Ayuntamiento liquida la construcción de vivienda protegida en Madrid

No la considera necesaria pese a que el propio Ayuntamiento admite las dificultades que sufren los madrileños por los altos precios debido a las políticas públicas de los últimos 15 años

La alcaldesa Ana Botella y el presidente Ignacio González, durante su encuentro de esta mañana. Ampliar foto
La alcaldesa Ana Botella y el presidente Ignacio González, durante su encuentro de esta mañana.

"Una Administración, una competencia", ha reiterado este mediodía la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), tras "actualizar" en su primer encuentro oficial con el presidente regional, Ignacio González (PP), los acuerdos que Comunidad y Ayuntamiento llevan negociando desde el inicio de la legislatura, en junio de 2011, para reducir duplicidades en los servicios públicos. A falta de conocer cómo se concretará esta voluntad en cada caso concreto, Botella ha avanzado hoy que el Gobierno municipal renuncia a construir más vivienda protegida porque, en su opinión, "ya no es necesaria".

Botella firmó en junio un acuerdo con la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), por el que ambas Administraciones acordaban repartirse una serie de servicios solapados: la Comunidad pondría en manos municipales 17 centros de mayores; un centro cultural; dos instalaciones deportivas y tres albergues juveniles. El Ayuntamiento entregará tres residencias de mayores, siete centros de drogodependientes, dos centros de atención a discapacitados, siete bibliometros, y el teléfono de urgencias.

Botella ha señalado hoy que la Comunidad de Madrid incluirá en la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales el "paraguas" normativo para poder "materializar pronto" ese acuerdo, que afecta a 300 trabajadores públicos y 41,1 millones de presupuesto. "Espero que de aquí a final de año podamos aprobar el marco normativo y aplicar el acuerdo en algunas materias a partir de enero", ha especificado González.

Para más adelante quedan otros servicios más complejos como empleo, emergencias o vivienda protegida. Sin embargo, en este último caso, Botella ya ha avanzado que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) no construirá más pisos protegidos. "Va a alquilar y vender lo que ya tiene construido. No parecería propio que se dedicara a construir viviendas cuando sabemos que no son necesarias", ha explicado.

La EMVS tiene en la actualidad una lista de espera de 13.000 personas a la espera de una vivienda protegida. Está construyendo 2.500 viviendas en régimen de venta y otras 900 para alquiler (tiene ya una bolsa de 17.000). El propio área de Urbanismo, en su revisión del plan general, admite que los madrileños tienen dificultades para acceder a una vivienda debido al alto precio tras años de encarecimiento desaforado, promovido, según reconoce también, por la política de las Administraciones en los últimos 15 años.

Sumado al problema de duplicidades con el Instituto regional de la Vivienda de Madrid (Ivima), máxime cuando tanto el Gobierno central como la Comunidad consideran que la vivienda es una competencia autonómica, el EMVS se enfrenta a otro escollo fundamental: el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración pública, que ya ha pasado por el Consejo de Ministros y que, entre otras medidas, obligaría a sanear o disolver aquellas empresas públicas con pérdidas antes de 2015.

La EMVS estaría doblemente condenada por responder a una competencia no considerada municipal y acumular además pérdidas de forma cíclica por la naturaleza de su actividad (promover vivienda protegida, subvencionar la rehabilitación y eliminar el chabolismo). Construir vivienda requiere de una inversión importante, que solo se compensa en las cuentas cuando, meses o años después, una vez terminada, se vende.

En 2012, la EMVS planeaba invertir 20 millones de euros en suelo, y 100 millones más en obras, y construir casi 7.000 viviendas. En cuanto a ingresos, preveía lograr 114 millones de la venta de pisos, y 10,5 millones del alquiler. Calculaba además destinar 20 millones a fondo perdido para ayudas a la rehabilitación a propietarios particulares (por ejemplo, para promover la eficiencia energética), y otros 19 para erradicar el chabolismo.

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