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Las pacientes del doctor Morín avalan la legalidad de los abortos

Las seis primeras testigos dicen que fueron visitadas por psiquiatras

Una paciente asegura que un médico la indujo a decir que “estaba mal psicológicamente”

Cuatro abogados por parte de la acusación, 11 en la defensa y un nutrido público. Todos, pendientes del testimonio de seis mujeres, las primeras seis testigos del total de 101 pacientes llamadas a declarar en el juicio por los supuestos abortos ilegales preacticados por el doctor Carlos Morín y su equipo de 11 personas en tres clínicas ginecológicas de Barcelona hasta 2007. Una de las testigos incriminó a los acusados al asegurar que un psiquiatra le sugirió que en el test psicológico “pusiera que estaba mal psicológicamente para que el aborto se pudiera realizar”.

Tranquilas, parcas en las respuestas y con pocas dudas, las testigos han relatado una por una cómo fue todo el proceso desde que decidieron acudir al doctor Morín hasta que interrumpieron su embarazo. Un aborto que, según aseguraron ayer todas, siempre estuvo motivado por la detección de riesgos de malformaciones para el feto o posibles daños físicos para la madre, y que, salvo en uno de los casos —el de una mujer que abortó a las 23 semanas de gestación—, nunca excedió el límite legal de 22 semanas para estos supuestos. Todas, alguna incluso sin haber establecido contacto telefónico previo, acudieron una única vez a alguna de las tres clínicas ginecológicas barcelonesas de Morín —Ginemedex, TCB y CBM—, las cuales abandonaban por su propio pie al día siguiente de haber abortado. El modus operandi siempre era el mismo: primero la mujer firmaba su consentimiento para practicar el aborto, pagaba en efectivo una cantidad que oscilaba entre 1.300 y 3.000 euros, se tomaba un fármaco para dilatar el cuello uterino y finalmente, cuando ya estaba a punto de entrar en el quirófano, recibía durante un cuarto de hora la visita de un profesional psiquiátrico para, según declaró ayer una de las testigos protegidas, rellenar el formulario psicológico convenientemente para que la tramitación administrativa no supusiese ningún problema.

“Al principio me extrañó un poco que no les importase nada que [el embarazo] estuviese un poquito avanzado”, comentó ayer una testigo que abortó en la 23ª semana de embarazo. Tomó la decisión cuando se quedó en el paro. “Primero quería tener el hijo, pero luego me di cuenta de que las circunstancias no eran las mejores para poder darle todo”, explicó. Esta mujer, la misma que dijo haber recibido ayuda del psiquiatra para rellenar el test de salud mental, se acogió al supuesto de daños psíquicos para la madre previsto en la antigua ley del aborto. Curiosamente, asegura que le fue suministrada la medicación para la dilatación del cuello uterino antes incluso de recibir la visita del psiquiatra que le diagnosticó el trastorno mental.

La fiscalía sostiene que en la mayoría de los abortos no se cumplió el requisito legal de que la mujer fuera visitada por un psiquiatra. No obstante, todas las mujeres que testificaron ayer aseguraron haber recibido atención psicológica. De repetirse con el resto de testigos, este hecho desmontaría una de las principales bazas con las que en su día se acusó al doctor Morín de mala praxis.

Aunque las 101 mujeres que interrumpieron su embarazo en las clínicas del doctor Morín fueron inicialmente imputadas en el caso, hace un mes la juez instructora archivó provisionalmente las diligencias contra ellas, por lo que ayer pudieron declarar en calidad de testigos. Además, debido a que los supuestos abortos ilegales ya han prescrito, las mujeres pudieron hablar sin riesgo de volver a ser encausadas.

Una testigo llamó a la clínica para consultar precios. Pidió un préstamo de 1.800 euros con su pareja. “Me dijeron que no me iba a pasar nada y que al día siguiente estaría en mi casa”. Otra pagó 3.000 euros por un aborto casi obligatorio, ya que el parto hubiera puesto en peligro su vida debido a que no puede realizar grandes esfuerzos físicos.

Antes de la ley de 2010, se despenalizó el aborto en las 12 primeras semanas de embarazo en caso de violación, en las 22 semanas en casos de malformaciones del feto y sin límite en caso de riesgo para la salud física y mental de la madre. Con la normativa actual, este último supuesto se adhiere al límite de 22 semanas de gestación. No obstante, para juzgar esta causa, el tribunal tiene que aplicar tanto la ley antigua como la nueva, en función de la que resulte más beneficiosa para los acusados.