Un magistrado del TSJC, investigado por “asesorar” a la trama de las ITV

El Tribunal Supremo investiga a Joaquín José Ortiz Blasco, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por “asesorar” a dos empresarios implicados en la trama de las ITV. El magistrado participó, presuntamente, en “negociaciones” con los imputados mientras resolvía un recurso que estos habían presentado contra la adjudicación por la Generalitat de un lote de estaciones de inspección de vehículos. La trama, en la que presuntamente también está implicado el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya, Oriol Pujol, pretendía anular ese concurso para hacer otro a su medida.

El fiscal y la juez que investigan la trama de las ITV han acumulado suficientes “indicios” para “proseguir” las pesquisas sobre el aforado, dice el Supremo en un auto en el que se declara competente para abordar el papel de Ortiz en el caso. Según se desprende de las declaraciones de testigos e imputados y de las conversaciones telefónicas que aparecen en el sumario, el magistrado —presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC— realizó “asesoramiento en interés y al servicio de particulares”.

En 2010, la empresa Certio llevó ante la justicia un concurso del Gobierno tripartito que adjudicó tres estaciones de ITV a una empresa rival en Sant Celoni (Vallès Oriental), Les Borges Blanques (Les Garrigues) y Amposta (Montsià). En el recurso, la empresa de Ricard Puignou y Enric Marugán —imputados en el caso— pidió que se anulase el concurso de forma cautelar porque la propuesta no estaba motivada y se habían introducido criterios nuevos una vez que los candidatos ya habían presentado sus ofertas. Ortiz fue el magistrado ponente del auto que, en mayo de 2011, accedió a las pretensiones de Puignou.

Durante los seguimientos de los presuntos implicados en la trama, la Guardia Civil constató un encuentro del magistrado con algunas de las partes inmersas en el conflicto; la directora del gabinete jurídico de la Generalitat, Margarida Gil; la de Asuntos Contenciosos, Assumpta Palau, y los empresarios Marugán y Puignou. En la reunión, que se celebró el pasado marzo en un restaurante de Barcelona, se produjeron, presuntamente, las negociaciones prohibidas a funcionarios. Pese a que el magistrado ya había dictado unas medidas cautelares, en marzo el recurso aún no se había resuelto de forma definitiva.

La participación de Ortiz como “asesor” va más allá, según la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López. El magistrado también prestó servicios de asesoramiento en un recurso interpuesto por otra empresa de ITV, Oca, contra el decreto de la Generalitat que, en 2010, abrió por primera vez un sector controlado hasta entonces por Applus. Certio, la empresa del imputado Puignou, aparece en ese recurso como codemandada junto a otras sociedades y la Generalitat. En abril de este año, un mes después de que el escándalo de las ITV saliera a la luz, la Sección Quinta, que preside Ortiz dictó sentencia. Este, sin embargo, no fue ponente de una resolución que tumbó el plan del tripartito.

Según el escrito que la juez remitió al Supremo, Puignou es “un elemento imprescindible” para “conseguir los objetivos” de la trama. En concreto, para mantener el recurso y las medidas cautelares a través de su “contacto” con Ortiz. En las conversaciones indican expresamente que no quieren realizar ninguna propuesta “sin antes consultarla con la sala para ver cómo la interpretan”, en alusión a la Sección Quinta que preside el magistrado.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo concluye que hay indicios para investigar al magistrado por su presunta participación en un delito relativo a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de abusos en el ejercicio de su función, relacionado con el caso de las ITV. El Supremo ha designado juez instructor de la causa al magistrado Miguel Colmenero.

Los presuntos delitos cometidos por el magistrado son una derivada de la causa principal que se sigue en el juzgado de Barcelona. Entre los imputados por delitos de tráfico de influencias y falsedad documental (entre otros) están el número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous —cuya ratificación en el cargo quedó en suspenso a raíz del caso—; el subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidro Masalles, y los empresarios Ricard Puignou, Sergi Pastor y Sergi Alsina.

En las conversaciones telefónicas que figuran en el sumario, los implicados aluden con frecuencia a Oriol Pujol como la persona que puede proporcionarles la influencia política suficiente para conseguir sus objetivos. Además de intentar amañar concursos públicos para lograr la adjudicación de estaciones de servicios, la trama pretendía también conseguir subvenciones públicas y forzar cambios legislativos para hacer caja en el sector de la certificación energética.

Un informe de Vigilancia Aduanera sitúa a Oriol Pujol como “colaborador necesario” e “impulsor” de la trama corrupta. El hijo del expresidente de la Generalitat es “el hombre encargado de aportar la influencia política” y de realizar “los movimientos oportunos” para beneficiar el proyecto de los empresarios. Las llamadas telefónicas revelan la estrecha relación entre las familias de Pujol y del empresario Alsina. También, la relación de ascendiente político del líder convergente sobre Josep Tous. Según ese mismo informe, Pujol tenía una participación “indirecta” en una empresa creada por la trama a través de su amigo Alsina. La esposa del político facturó 200.000 euros a Alsina por unos trabajos que los investigadores consideran sospechosos.

Pujol no ha sido citado a declarar. La juez del caso, sin embargo, solicitó el pasado junio a Hacienda que elaborase un informe que resumiera su participación en los hechos. En caso de hallar indicios de delito, la magistrada debería remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que Pujol es diputado y, por tanto, tiene la condición de aforado.