Guerrero abandona la prisión tras reunir la fianza de 50.000 euros

El caso de los ERE carece desde hoy de imputados en prisión preventiva. El principal implicado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, ha abandonado la cárcel Sevilla 1 tras abonar la fianza de 50.000 euros que le había impuesto el juez instructor Enrique Iván Escalera. Han pasado siete meses desde que la magistrada Mercedes Alaya le enviara a prisión por graves delitos como cohecho y malversación continuados en la concesión de ayudas millonarias desde la Consejería de Empleo.

La esposa y su hija han acudido a recibir a Guerrero, que dijo estar muy contento y dispuesto a retomar su vida “con humildad”. Sobre el tiempo recluido en prisión, comentó: “He descubierto los verdaderos amigos”. La familia de Guerrero había comenzado en verano una campaña para reunir dinero para la fianza entre amigos y conocidos. “Ha habido que volver a insistir los últimos cinco días a los que a habían puesto algo (...) Han sido una barbaridad de pequeños préstamos, ayudas y hasta empeños de anillos de familiares”, explicó su abogado, Fernando de Pablo.

La pasada primavera Alaya decretó prisión provisional para Guerrero, su subordinado el exchófer Juan Francisco Trujillo y su superior el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Pero en verano la Audiencia de Sevilla corrigió el criterio de la juez, suavizó la drástica medida, e impuso una fianza de 450.000 euros para Fernández, que este abonó para salir en libertad. En septiembre la Audiencia eliminó la fianza para Trujillo y hace una semana abandonó la cárcel.

Para Guerrero la juez había decretado una fianza de 250.000 euros para poder recuperar la libertad tras el cambio de criterio de la Audiencia. Semanas después la fianza se redujo de los 250.000 euros hasta los 150.000 euros, y finalmente la semana pasada la cifra se concretó en 50.000 euros. Entonces De Pablo argumentó que no podía alcanzar dicha suma. Pero ayer cambiaron las tornas y el dinero apareció.

El letrado había presentado un recurso contra la decisión de rebajar la fianza a 150.000 euros, ya que buscaba la libertad para Guerrero después de que la Audiencia argumentara que el exchófer debía salir en libertad para “evitar agravio comparativo” con otros empresarios imputados que recibieron incluso más de 1,3 millones (cifra concedida a Trujillo por parte de Guerrero). Pero la estrategia de defensa fracasó y el instructor rechazó sus argumentos: “Guerrero ha tenido un papel en los hechos investigados no equiparable a los de los restantes imputados, con lo que entendemos que la situación de uno y otros no es equiparable”.

El juez Escalera explicaba en su auto del pasado 8 de octubre que permanecían vigentes las razones de riesgo de fuga y la posibilidad de que entorpezca la investigación. Además, censuraba a De Pablo por no argumentar nada contra los motivos que originaron la prisión provisional impuesta. “Nada se expresa en el recurso objeto de estudio (...) subsisten los presupuestos objetivos que justificaron la adopción de tan gravosa medida”. Estos argumentos expresados por Alaya denunciaban el descontrol que reinó en la Dirección General de Trabajo entre 2001 y 2008 para la concesión de las subvenciones millonarias: “Desvió fondos públicos para su lucro personal. (...) Permitió el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos andaluces”.

A pesar de que Alaya permanece de baja médica, la instrucción continúa y la Guardia Civil prosigue en el análisis de la documentación recabada para intentar averiguar el destino del dinero que supuestamente se malversó desde Empleo.