El gran pelotazo ‘Gürtel’

La adjudicación en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa de una parcela para construir en Arganda del Rey, la llamada UE-124 o Área de Centralidad, supuso, según los informes policiales del sumario del caso Gürtel, el mayor pelotazo de toda la actividad de la trama corrupta. Francisco Correa, supuesto cabecilla de la mayor red de corrupción de la democracia, cobró presuntamente una comisión ilegal que supera los 12 millones de euros por participar en la operación.

Hasta el momento, las pesquisas policiales concluían que Fernando Martín, cabeza de la promotora y en la actualidad imputado en Gürtel, se hizo con dicha finca por 77 millones de euros, un precio llamativamente bajo si se tiene en cuenta que meses después vendió un tercio de dicha promoción por 73 millones a unas cooperativas de viviendas. Hoy, los dos tercios del terreno con los que se quedó Martinsa son un erial con apenas unas pocas construcciones levantadas.

La irrupción de un importante testigo arroja ahora nueva luz sobre la operación. Este testigo, que pide identificarse aquí solo por sus iniciales y no ser reconocido en las fotos, asegura sin embargo que su intención es declarar ante el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. G. B. es un arquitecto que realizó informes para Martinsa, compañía que, según su versión, le debe unos 600.000 euros. El testigo asegura que, antes de la adjudicación de la parcela por el Ayuntamiento de Arganda, cuyo alcalde en 2004 era el también imputado Ginés López, la dirección de Martinsa ya sabía que las condiciones exigidas en la convocatoria “no eran rentables” y que, si entraron en la operación, era porque “sabían que se iban a cambiar en su beneficio”.

Según este profesional, que fue el encargado de realizar el informe inicial del que dispuso Martinsa acerca de la viabilidad del proyecto, se redactaron unas condiciones del concurso tan malas para evitar que otras empresas se presentaran al mismo. El empresario Fernando Martín, según G. B., participó en el concurso porque tenía la certeza de que estas condiciones iban a ser modificadas por el Ayuntamiento. Pero también de que la Comunidad de Madrid, que fue la que aprobó definitivamente el proyecto aumentando un 70% el número de viviendas permitidas, no echaría para atrás el proyecto final. “Al final, el plan parcial era tan descabellado que ningún técnico de la Comunidad de Madrid quiso aprobarlo, por lo que tuvo que firmarlo un político”, asegura este testigo. Este periódico ha podido comprobar, cotejando los expedientes, que tanto el informe técnico como el jurídico que sirvieron para aprobar las modificaciones al alza en el plan parcial, fueron firmados por responsables políticos, y no por técnicos. Llama la atención el hecho de que el entonces director general de Urbanismo regional, Enrique Porto, fuera quien firmara la aprobación definitiva al alza del plan parcial a favor Martinsa, pues la empresa Plarquin, relacionada con Porto, fue una de las tres consultoras que decantaron la adjudicación municipal a favor de la empresa de Fernando Martín. La participación de empresas privadas en las adjudicaciones municipales no es muy habitual, pues deja en manos privadas el interés público. Además, según el testigo, Martinsa abonó al final solo 67 millones, y no 77, porque según las bases estaba obligada a construir un nuevo Ayuntamiento, “un aparcamiento subterráneo y un museo, valorado en 22 millones, que al final no ha hecho”, explica el testigo, que recuerda que los otros 12 millones los asumía la empresa de Fernando Martín.

En el apartado de conclusiones del informe realizado por G. B., al que ha tenido acceso EL PAÍS, el arquitecto aconsejaba que se modificaran varios de los parámetros sustanciales del plan parcial “con el fin de llevarlo a buen fin”. Así, para que la operación fuera viable, según el informe interno, los aspectos que deberían ser cambiados por el Consistorio, y que tendrían que tener el visto bueno final de la Comunidad, eran los siguientes: “Modificar los porcentajes de reparto para los distintos usos; aumentar el número de alturas permitido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta un total mínimo de 10 alturas [el plan vigente solo permitía 5]; aumentar la ocupación permitida por parcela del Plan General, hasta un 80%; y elevar el número de viviendas permitidas en el Plan General, hasta una densidad aproximada de 150 viviendas por hectárea”.

El documento explica también que los parámetros más difíciles de modificar eran las alturas: “Rebasamos con mucho las máximas permitidas en el PGOU, así como la densidad, que supone un 50% sobre la referente en la Ley del Suelo, que aún siendo un parámetro orientativo, su modificación normalmente aceptada para nuevos desarrollos no sobrepasa generalmente el 5%-10%”.

El documento elaborado por G. B. avisa también del hecho de que la modificación de los parámetros mencionados “significa una variación sustancial tanto de la ficha del PGOU como del espíritu del área de centralidad, y por ello tendrán que ser ratificados tanto por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, como por la Comunidad de Madrid”.

El Ayuntamiento de Arganda no tuvo ningún problema en seguir adelante con las modificaciones propuestas por Martinsa. El número de casas permitidas inicialmente era de 1.580, de las que 300 eran públicas. Este número de viviendas podría haber supuesto unos 336 millones de euros de beneficios por la venta, según las cuentas aportadas por G. B. Pero la aprobación definitiva modifica de forma ostensible los parámetros previstos inicialmente, pues de 1.580 se pasa a 2.731 casas, de las que 600 son de protección pública. Es decir, se permitió construir 1.151 casas más. El beneficio por la venta de estas casas habría sido de 535 millones, lo que supone un aumento de 199 millones.

Los cambios urbanísticos eran de tal envergadura que tenían que ser aprobados por el Gobierno regional. El informe técnico de la Comunidad de Madrid, con fecha de 17 de enero de 2006, firmado por el entonces subdirector general de Urbanismo, Mariano Trías Chueca, justifica las modificaciones del plan general de Arganda del Rey a consecuencia de la aprobación de la promoción de Martinsa: “Aumenta el número de viviendas en 641, pasando de 100 casas por hectárea [que era el máximo permitido en el PGOU] a 138 viviendas”. También, en su punto e), se indica que aumenta el número de plantas, que pasan de 6 a 10, “alcanzando una altura excepcional con las 15 plantas del hotel”. También llama la atención el hecho de que, tal y como había solicitado el arquitecto de Martinsa, la gran superficie prevista en el Plan General para la UE-124 había desaparecido: “La eliminación de la gran superficie comercial propuesta en el concurso y la distribución de su superficie en bajos comerciales mejora la calidad del espacio público y aumenta la vida urbana”, reza el informe de la Comunidad, que defiende todas las mejoras para Martinsa.

El subdirector de Urbanismo incluye como justificación para modificar el plan general un punto del plan parcial que sostiene que estas modificaciones tienen por objeto “el incremento de la calidad ambiental de los espacios urbanos de uso colectivo”. En este punto, el testigo explica realmente qué fue lo que ocurrió, según su versión, que no fue otra cosa que él se había dado cuenta de que un centro comercial en el centro de una ciudad “podría acarrear un gran conflicto de tráfico”. “Se lo dijimos al Consistorio”, prosigue, “y el centro comercial desapareció dando paso a unas tiendas de planta baja”.

Al final de todo el expediente las magnitudes del plan parcial de Martinsa acabaron por parecerse a los parámetros recomendados meses antes por el arquitecto a sueldo de Fernando Martín, quien reconoce haber participado en numerosas reuniones con responsables del Ayuntamiento y altos cargos de Martinsa. “Yo sentía un poco de vergüenza en esas reuniones, porque lo que pedíamos era muy exagerado”, relata G. B. “Cada vez que el empresario nos decía que había conseguido más viviendas, nos reíamos”.

La compañía Martinsa-Fadesa ha reiterado que la adjudicación de dicha parcela fue realizada por concurso público, obteniendo su oferta la mayor valoración en la suma de los baremos realizados por tres sociedades expertas independientes. Según esta firma, el plan parcial fue aprobado por todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Arganda. “Es importante destacar que el concurso adjudicaba terreno pendiente de todos los trámites urbanísticos, cuyo desarrollo requiere de unas inversiones para el proyecto, obtención de licencias y obras de urbanización de tal cuantía, que hacen que en la actualidad no sea rentable esta operación urbanística”. Martinsa indica, asimismo, que todas sus actuaciones se realizaron conforme a los criterios de transparencia que fijan los concursos públicos de adjudicación, “tal y como destacan las diferentes sentencias judiciales”.