El juez investiga por falsear facturas a una gestoría que tramita subvenciones
La asesoría es propiedad del senador del PP y exalcalde de Ferrol Juan Juncal
![El senador popular Juan Manuel Juncal](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/KCIS6J6CKVIEL47WTTNA3NSOAU.jpg?auth=83ccaf0071bdf112395628825012963f77c1ab6a5dad7f7a112c0828ea56a297&width=414)
Hace un año, María R. contrató los servicios de una asesoría de Esteiro para abrir un pequeño negocio en Narón y tramitar las subvenciones de la Xunta que le correpondía por autoempleo como mujer, autónoma y emprendedora. Aunque cumplía todos los requisitos, los 7.000 euros de ayuda que le habían concedido para darle un primer empujón a su mercería nunca llegaban.
Llamada tras llamada, el personal de la asesoría le daba largas y le ponía excusas hasta que un día, trascurridos diez meses, la chica se plantó en sus oficinas para reclamar la documentación acompañada de su pareja. Del interior de una carpeta salieron papeles firmados con su nombre que ella no había visto y el justificante de una transferencia bancaria por importe de 15.930 euros en material y mobiliario a nombre de Sumiequip S.C., una empresa que no contrató desde un banco (Novagalicia) en el que nunca tuvo cuenta. La gestoría es Ferrolpyme, SL y su dueño, el senador popular Juan Manuel Juncal, exalcalde de Ferrol. El juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol investiga un presunto delito de falsedad documental en la empresa del político popular, que dirigió la ciudad de 2003 a 2007. La denuncia que la pareja presentó en la comisaría ferrolana el 21 de septiembre señala a José Julio L.C., gerente de la asesoría como la persona que se encargó de gestionar los papeles de María y falsificar supuestamente su firma con facturas falsas a nombre de Sumiequip, una sociedad civil domiciliada en Ares.
La pareja afectada asegura que el propio José Julio L.C. les admitió que había falsificado las facturas a nombre de Sumiequip, la misma empresa que él dirige junto a un familiar. Sostienen incluso que fue justo antes de intentar sobornarlos a cambio de paralizar una denuncia policial que ya fue remitida de oficio al juzgado. “Un día esperó a mi compañera en la puerta de su negocio y ella me llamó asustada. Fui a hablar con él y me ofreció dinero a cambio de dejarlo correr”, explica el novio de la afectada. José Julio L.C. ya no trabaja en Ferrolpyme, afirma Juncal. Tras 23 años dirigiendo la firma se marchó cuando su antiguo jefe le pidió explicaciones por las recientes quejas de varios clientes sobre trámites y subvenciones. “El primer sorprendido soy yo”, afirma el senador popular. “Me dijeron que la Xunta no había admitido la factura de la chica y él presentó otra a nombre de una sociedad civil que yo ni sabía que tenía. Este lo hizo por su cuenta y riesgo y ya tiemblo a ver que bomba-mina me puedo encontrar ahora”, se lamenta.
Tres días antes de presentar la denuncia, la joven empresaria recibió una llamada de Juncal citándola para revisar su expediente y le mostró los documentos supuestamente falsificados. “Tuvimos una buena agarrada porque nos queríamos llevar la documentación original y él \[Juncal\] no nos la quería dar”, relata su pareja. Acordaron llamar a la policía, que se hizo cargo de la carpeta tras entregarles una copia de la factura falsifica y la transferencia bancaria a la cuenta de Sumiequip. María teme perder la subvención de 7.000 euros que le concedió la Xunta y que no llegó a salir de las arcas autonómicas. Cuentan que otra chica, que le había recomendado los servicios de la misma gestoría, se encuentra en la misma situación y estudia si presentar una denuncia para acabar de destapar la punta del iceberg de lo que parece una posible trama de blaqueo que se valía de los clientes de la asesoría sin su conocimiento.
En marzo, el propio José Julio L.C. había certificado por escrito a la Comisión de Incompatibilidades del Senado que él era “administrador único” de Ferrolpyme, asesoría fiscal, laboral y contable de la que es propietario “al 100%” el senador Juan Juncal. Añadía que la empresa “no tiene contratada obra, servicio o suministro con ninguna Administración pública”.
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