Bancaja y CAM, triple expolio
"La extinción de estas entidades supone un descalabro para nuestro desarrollo económico"
La Comunidad Valenciana ha perdido el 95% de su industria financiera: Bancaja (con ella el Banco de Valencia) y la CAM. Con su desaparición, los valencianos hemos sido objeto de un triple expolio.
Dada la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorros, (fundación-empresa de naturaleza privada y de carácter social, según el Tribunal Constitucional) su desaparición va más allá de lo que significa el cierre de una gran empresa, con la pérdida de miles de puestos de trabajo, o la quiebra de un banco y la merma patrimonial para sus accionistas: hablamos de la desaparición del patrimonio colectivo de todos los alicantinos, valencianos y castellonenses, forjado desde hace más de 170 años (Caja Sagunto, la decana, se fundó en 1841).
En primer lugar, la extinción de estas entidades supone un descalabro para nuestro desarrollo económico. En 2010 la cuota de mercado de ambas fue del 42,81% de los depósitos totales y del 32,04% de los créditos. Así pues, su desaparición sitúa al borde de la anemia a nuestras pymes, autónomos o emprendedores. Desde hace meses, nuestras cajas, bajo la dirección del Banco Sabadell y los nuevos gestores de Bankia, no son más que direcciones territoriales de las políticas de inversión, captación y comercialización de productos que se deciden fuera de nuestra Comunidad, al margen de nuestros intereses como pueblo. Tener una industria financiera propia es vital para el desarrollo económico de un territorio (pregunten a los catalanes o vascos), es fuente de riqueza, de atracción de empleo cualificado y generadora de ingresos tributarios. Salvando las distancias, baste recordar que la City londinense supone el 10% del PIB del Reino Unido y un 11,2% de su recaudación fiscal.
En segundo lugar, Bancaja y la CAM invirtieron 1.057 millones de euros en obra benéfico-social entre los años 2000-2010, iniciando proyectos medioambientales, culturales, de impulso a los emprendedores, de recuperación del patrimonio, de colaboración con asociaciones de todo tipo. Proyectos de los que nos hemos beneficiado miles de ciudadanos y que ahora una falta de financiación los llevará sin remedio al exterminio.
Y en tercer lugar están los miles de ahorradores que creyeron en su caja, en el director de su oficina de siempre, atrapados ahora por los productos tóxicos (o comercialización fraudulenta de productos financieros complejos) sin la debida información y víctimas de un abuso de confianza. En el caso de la CAM, los afectados por cuotas participativas son más de 55.000 a los que se les ha ofrecido un canje en muchos casos ruinoso (menos del 27% del nominal invertido). Más suerte han tenido los más de 60.000 titulares de preferentes que las canjearon por acciones del Banco Sabadell en julio, pues su revalorización en Bolsa les ha permitido recuperar en gran parte su inversión. Los ahorradores de Bancaja han tenido peor suerte. En marzo se les ofreció a los titulares de seis emisiones canjear su inversión por acciones de Bankia a un precio de 3,31 euros por acción. Al canje acudieron casi el 90%, que vieron desplomarse sus acciones en Bolsa y reducido su valor a menos de un tercio. Además, Bancaja mantiene atrapados a más de 75.000 titulares de otras cinco emisiones a quienes no se les ha dado la opción del canje, probables víctimas del Real Decreto de reestructuración bancaria, (31-8-2012), que permite que se les imponga una quita desmesurada.
Esta catástrofe en nuestro sistema financiero no es en absoluto una consecuencia inevitable de la quiebra de Lehman Brothers, ni de la burbuja inmobiliaria, sino que tiene nombres y apellidos situados en lo más alto del organigrama directivo de la CAM y de Bancaja, de los consejos de administración, y de quienes desde la cúpula del PP los propusieron.
Ante este triple expolio económico, social, y patrimonial, la respuesta de las instituciones y de la sociedad civil valenciana ha sido testimonial, amilanada, manifestación del clásico meninfotisme. Pero algunos no estamos dispuestos a adoptar esa actitud de resignación, quizás porque entregamos muchos años de nuestra vida profesional a nuestras cajas, o porque tenemos amigos, familiares o compañeros directamente afectados por el engaño o, simplemente, porque queremos una comunidad autónoma que diga basta y deje de arrodillarse ante las imposiciones del Gobierno central. Y eso exige movilizarse, asociarse, explicar a la gente sus derechos, y por supuesto, si es necesario, la interposición de acciones civiles y penales ante los tribunales.
José Villar es secretario general de la Asociación de perjudicados por Bankia, Apacbank. De 1991 a 1998 fue secretario general de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorros.
