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Las deudas de una mancomunidad dejan sin sueldo a 40 trabajadores

Siete Ayuntamientos abandonaron el ente público por la “mala gestión”

Ellos, con corbata azul y chaqueta de sastre, se lanzan la pelota a través de un teléfono roto. Ellas, de bata blanca y zuecos ortopédicos, esperan sin paraguas a que amaine el temporal. Ellos dirigen cinco alcaldías populares hermanadas a la fuerza bajo el sello de la Mancomunidade de O Carballiño. Ellas, que prestan servicios de ayuda a domicilio, se reparten la desesperación de trabajar sin sueldo ni explicaciones. Todos lamentan que la crisis los tiene contra las cuerdas. “Pero ellos seguro que cobran”, afirma una de ellas bajo el amparo del anonimato.

No son las únicas que no cobran, pero sí las más numerosas. De los 40 empleados de la mancomunidad, 27 mujeres trabajan sin remuneración en cuatro alcaldías del PP. Hasta 2004 los nueve ayuntamientos de la comarca formaban parte del ente, pero después de que O Carballiño protagonizase el primer portazo, el goteo ya no cesó. La partida de los cuatro municipios socialistas pintó los sillones de azul y las siglas del PP inauguraron el consenso. Pero una abultada cuenta de gastos que inflamó paulatinamente el debe de la mancomunidad se lo llevó por delante. A medida que se marchan, los ayuntamientos dejan sobre la mesa un recado amargo. Trabajar juntos les sale más caro. Unos hablan de “mala gestión” y otros insinúan que durante los años de bonanza se gestó “un emporio” imposible de sostener en tiempos de vacas flacas.

Sin dinero y sin respuestas

Las cuentas corrientes de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de la Mancomunidad no están al día desde que la Xunta dejó de costear el servicio en municipios de menos de 20.000 habitantes —91 de los 92 de Ourense—. Ellas ni siquiera tienen claro de quien depende su sueldo. Pero en O Carballiño, las anomalías ya vienen de lejos. En 2011, los cinco ayuntamientos del ente supramunicipal llegaron a repartirse 31 trabajadoras, que solo un año antes no sumaban más de 13. Aunque el número de empleados no debería variar demasiado de año en año porque se asignan en función de la población, Manuel Prado justifica el salto sin turbarse. “Simplemente aumentaron los usuarios”. Más del doble en doce meses.

Ahora, Prado confiesa que “habría que reducir personal”, pero teme que resulte “traumático”. Mientras, las empleadas echan en falta tres meses de sueldo. Otros tres —dos mensualidades y una paga extra— han ido cayendo a cuentagotas durante el último mes. Cuando el presidente se reunió con ellas en mayo se comprometió a cuadrar de nuevo los números en agosto. Aunque nadie les explicó por qué el dinero que voló de las arcas era el de sus remuneraciones, se resignaron a marcar el calendario con compás de espera.

Sin embargo, en vista de que agosto se llenaba de tachones que decían que hoy tampoco, empezaron a cansarse. Una de ellas ha tenido que dejar el trabajo. “Se ha marchado al extranjero porque no podía esperar tantos meses sin sueldo”, apunta una compañera. No solo esperan con los bolsillos vacíos; se les rompen las costuras porque deben pagar los desplazamientos en coche, que en algunos casos superan los 1.000 kilómetros mensuales. Y nadie las escucha. El mes pasado enviaron su descontento al despacho del presidente en una misiva que nunca obtuvo respuesta. Y si no cuelgan los zuecos es porque “no se trata de apagar una máquina”. Tendrían que dejar de atender a una parte de esa mayoría silenciosa que no se manifiesta cuando le recortan los derechos.

El presidente de la mancomunidad, Manuel Prado, explica que “los problemas de liquidez se están solucionando”, pero aplaza la normalidad hasta “finales de año” porque “solucionar” las “tiranteces de tesorería” lleva su tiempo. Achaca la situación al recorte presupuestario que les impuso la Xunta para este año “con el dinero ya comprometido”. Cuenta que los 197.000 euros que recibieron en 2010 se quedaron en 100.000 al año siguiente. Después, casi de refilón, suelta que al agujero contribuyen los impagos de algún Ayuntamiento. “Solo con lo que debe uno se podría pagar toda la deuda”, remacha.

Se refiere a Cea, cuyos retrasos desde el segundo semestre de 2010 alcanzan los 100.000 euros. Ahogado por los números rojos, a finales del pasado año quiso abandonar la partida, pero no se lo pusieron fácil. Tras varios meses sin pagar su cuota, le retiraron el servicio de ayuda al hogar. Tendrá que costearlo de todos modos. Los platos rotos los pagaron casi una veintena de vecinos, que quedaron desatendidos durante meses. Ahora, a pesar de sus reticencias, Cea tendrá que liquidar la deuda sin que el dinero llegue a tocar sus arcas. Cada mes, de las aportaciones de la Xunta se les retendrán 15.000 euros hasta sumar los 45.000 que podrá cobrar por esta vía a la mancomunidad, que ya piensa en pedir otra retención de características similares.

Hace tiempo que los teléfonos no se hablan entre Cea y la mancomunidad. Se cruzan escritos y reproches, pero evitan verse las caras. El último pleno se celebró en mayo para aprobar los presupuestos y la dotación de personal para este ejercicio, diseñados para cinco municipios que el próximo año serán solo dos. La semana pasada, O Irixo también se bajó del carro y, aún sin carácter oficial, San Amaro ha manifestado su intención de hacerlo. Las cuotas de la mancomunidad no les dan para cuadrar cuentas. Solo Beariz y Boborás se resisten a abandonar el paraguas bajo el que 40 trabajadores se apiñan sin saber muy bien a quién quejarse.

En la comarca de O Carballiño, los noventa nacieron entonando el “todos a una”. Entonces, nueve Ayuntamientos enarbolaban la bandera de la cooperación local como vía para compartir servicios de forma más ágil y económica. Pero aquellos argumentos, que el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, desempolvaba hace apenas tres meses para defender el modelo ante la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, hace tiempo que ni se asoman por los plenos. Un conflicto de siglas desató el vendaval, y un agujero presupuestario se ha ocupado de disolver la concordia. Algunas mancomunidades tienen “un funcionamiento adecuado”, defendía Rueda. Pues esta ya no.

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