Lanzas rebate a los empresarios de la Raza y dice que trabajó para ellos

Juan Lanzas, intermediario imputado en el caso de los ERE, rompió ayer el guion previsto. Acudió como testigo al juicio del caso Mercasevilla y contradijo la versión de los dos empresarios que el lunes dio la impresión de tener pocas grietas. Lanzas aclaró que trabajó para ellos y Mercasevilla, a pesar de que estos habían negado la mayor. El exsindicalista detalló que asistió a numerosas reuniones pero no cobró por sus gestiones de intermediación, aunque sí lo hizo la empresa para la que trabajaba por aquel entonces. “El pago se solucionaría más tarde. Yo quería no viajar tanto. Se quedó como cosa de futuro”, matizó.

Lanzas aclaró que acudió a diversas reuniones para expresar que consideraba que la escuela de hostelería sería “una ruina” porque había conocido otros ejemplos que habían fracasado. El testigo aconsejó sobre el sitio para ubicarla y la mejor manera de solicitar las ayudas públicas, ya que era un experto mediador muy bien conectado con la Consejería de Empleo. “Mellet me pidió consejo y le di tres consignas: tener un sitio, buscar a gente que conociese el ramo y pedir ayudas públicas”. Además, Lanzas relató que se desplazó a Marruecos invitado como asesor para realizar gestiones.

Durante su comparecencia, Lanzas echó un capote al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, acusado de cifrar el supuesto soborno tras ordenárselo a Mellet. Y también a la funcionaria Regla Pereira, cuyas pruebas objetivas en contra no parecen tan claras hasta ahora.

Mientras, tres ex altos cargos de la Junta también acudieron como testigos para explicar cómo aconsejaron a los empresarios tras revelar estos la petición de dinero a cambio de gestionar una escuela de hostelería. “Les dije que sin pruebas no quería volver a hablar del asunto. Me preguntaron qué era una prueba y les dije que un testigo, documentos o grabaciones”, relató ayer Juan Gallo, ex director general de la Consejería de la Presidencia de la Junta. Dicho y hecho. Los empresarios grabaron las dos siguientes reuniones y obtuvieron frases como “la Junta tiene un esquema de funcionamiento muy simple: Yo colaboro con quien colabora”, para justificar la exigencia de comisiones ilegales.

Después de entregar un CD con las conversaciones al entonces jefe de los servicios jurídicos del Gobierno autónomo, Francisco del Río, la Consejería de Empleo creó un expediente reservado para detallar los pasos a seguir antes de denunciar el caso ante la fiscalía. El viceconsejero Agustín Barberá explicó ayer: “Nos sorprendió y nos reímos porque se decía que esto [las comisiones ilegales] era habitual”. También acudió ante el jurado el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado y excarcelado por el caso de los ERE. Fernández sacó pecho porque su consejería “fue la primera en denunciar”. “Era la primera vez que me ocurría una cosa así en mis 15 años de servidor público”, añadió al respecto.

Por su parte, el PP aportó como acusación tres documentos sobre el principio de acuerdo entre Mercasevilla y Empleo para conceder una subvención de 900.000 euros, cuyo expediente se anuló más tarde. Para el letrado del PP los tres documentos probarían un pacto previo entre el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet y el exdelegado de Empleo Rivas, acusado de cifrar la cuantía del soborno.

El PP obtuvo de la investigación por delito societario la petición de subvención presentada por Mercasevilla en 2006 a la delegación que dirigía Rivas y dos borradores de convenio para la creación de la escuela de hostelería. Rivas alegó que los documentos fueron redactados por Mercasevilla y negó haberlos conocido en su día. A pesar de que el magistrado presidente Ángel Márquez los admitió como prueba, ninguno está firmado por Rivas.