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El 50% de las uniones de hecho en Girona con extracomunitarios son fraudulentas

El colaborador recibe entre 5.000 y 6.000 euros por facilitar la operación

La mitad de las uniones de hecho formadas por un ciudadano de la Unión Europea y una persona extracomunitaria investigadas por El Cuerpo Nacional de Policía en Girona en lo que va de año han resultado ser fraudulentas. Las inscripciones investigadas rondan los 250 casos en los primeros ocho meses de 2012, explicó ayer Antonio Bragado, inspector jefe de la Brigada de Extranjería. En cerca de la mitad de los casos, los agentes descubrieron que el objetivo de los inscritos era regularizar la situación del ciudadano no comunitario, avanzó la agencia Efe.

Es la Subdelegación del Gobierno, encargada de tramitar los permisos de residencia de los extranjeros, la que solicita al Cuerpo Nacional de Policía que realice un informe si aprecia que puede haber fraude. La policía entrevista entonces a la pareja, visita el supuesto domicilio y averigua las circunstancias de la unión. Si aprecia indicios de fraude, informa negativamente a la subdelegación, aunque este informe no es vinculante, según Bragado. En caso de que la policía actúe una vez concedida la residencia y se vean indicios de fraude, se reclama que la revocación del permiso.

El perfil de persona que se presta a este tipo de unión es el de una “mujer española de edad avanzada, sola o madre soltera y con problemas económicos”, relata el inspector. Por inscribirse como pareja de hecho suelen recibir entre 5.000 y 6.000 euros. La policía no ha detectado en Girona redes delictivas que ganen dinero con este fraude. De hecho, la policía no ha hallado ningún nexo entre los casos que salieron a la luz este año. Los agentes de la unidad de Extranjería entrevistan cada día a supuestas parejas de hecho cuando uno de los miembros solicita la tarjeta de residencia.

Un cambio normativo permitió, a partir de noviembre de 2010, que las parejas de hecho de ciudadanos de la UE puedan pedir una tarjeta de familiar para residir y trabajar en España, lo que se convirtió en un coladero para obtener papeles. Hasta ese momento, solo se podía pedir tras un matrimonio canónico o civil. En Barcelona se detectaron el año pasado unas 800 parejas falsas, lo que llevó al Ayuntamiento a eliminar el registro. Otros municipios, como Salt (Gironès) y Blanes (Selva), actuaron de la misma forma para intentar evitar este tipo de fraude.

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