Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los empresarios relatan al jurado el intento de soborno en Mercasevilla

Los testigos detallan cómo grabaron la petición de 450.000 euros de la excúpula de la empresa

A la derecha, el apoderado del grupo La Raza, Pedro Sánchez Cuerda, acompañado del empresario José Ignacio de Rojas, a la izquierda. Ampliar foto
A la derecha, el apoderado del grupo La Raza, Pedro Sánchez Cuerda, acompañado del empresario José Ignacio de Rojas, a la izquierda.

“Nos vieron caras de tontos y nos querían engañar (...) Intuíamos que era algo ilícito cuando nos pidieron que dejáramos olvidado un maletín en un despacho”. El empresario sevillano José Ignacio de Rojas y su socio Pedro Sánchez, propietarios del grupo hostelero La Raza, declararon ayer como testigos en el juicio del caso Mercasevilla, origen del caso de los ERE. Ambos pusieron el contrapunto a los silencios y huidas hacia adelante de los cuatro acusados de cohecho la semana pasada.

Los empresarios relataron al jurado las tres reuniones que grabaron de manera oculta y el soborno de 450.000 euros supuestamente exigido por la excúpula de Mercasevilla a cambio de gestionar la escuela de hostelería de la empresa municipal, que les había sido asignada tras una subvención de la Junta andaluza.

Las grabaciones, prueba clave del juicio, fueron el hilo de la sesión, analizado por los hosteleros. Los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, acompañados de la funcionaria Regla Pereira, mantuvieron tres encuentros con los empresarios. Sánchez explicó el anuncio de Ponce: “Tengo una buena noticia y otra mala: la Junta ha resuelto conceder una subvención de 900.000 euros para la escuela, pero hay dos gastos no previstos, uno de 150.000 euros por la acometida de la luz y otro de 300.000 euros que la Junta solicita como un dinero que no tiene explicación”, relató el empresario sobre la exigencia del exdirectivo, que en el juicio ha culpado a su antiguo jefe Mellet de idear el soborno.

En la cinta que el jurado escuchó la semana pasada, los exdirectivos comentaban que la Junta “colabora con quien colabora”. Y con ironía añadían: “La Junta nos dice que esto es para niños saharauis y yo me tengo que creer que es para niños saharauis, aunque después sea para carteles de Felipe González”.

Los empresarios explicaron ayer que tras mantener una primera reunión y escuchar la petición ilegal, pidieron consejo al alto cargo de la Junta Juan Gallo, que les aconsejó grabar la siguiente reunión. “Cuando pidieron el dinero, le dije que no íbamos a acceder a sus peticiones y le pregunté si Mellet estaba al corriente (...) Le dije que si era consciente de la barbaridad que nos estaban pidiendo”, explicó. “Le mostré mi indignación ya que pensé que nos estaban robando (...) No me fié en ningún momento de ellos porque no sabía si el dinero solicitado era para la Junta o para ellos”, señaló Sánchez.

Ante la negativa inicial de los empresarios, los acusados rebajaron la mordida hasta llegar a los 200.000 euros y les ofrecieron “caramelitos” como la gestión de todos los caterings que organizara el Ayuntamiento de Sevilla. Semanas después el supuesto plan trazado por los exdirectivos se fue al traste y Mellet les hizo una llamada en la que “muy nervioso” dijo que las peticiones previas ya no eran necesarias y se reunieron para tratar la subvención sin mencionar el intento de soborno.

A las reuniones previas al acuerdo con la Junta y Mercasevilla acudió el intermediario Juan Lanzas, acusado e intruso (beneficiado pese a no haber trabajado en las empresas) con tres pólizas en el caso de los ERE. Ayer el empresario Sánchez matizó que Lanzas no les asesoraba. El intermediario declarará hoy como testigo para aclarar su papel en esta trama.

Mientras, las declaraciones de los empresarios beneficiaron ayer al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, al que la fiscalía acusa de estar detrás de la petición del soborno y cifrarlo en 450.000 euros, según la declaración de Mellet ante la fiscalía, que sin embargo el juez presidente Ángel Márquez ha rechazado incorporar como prueba. “No tengo ningún dato objetivo para deducir la participación de Rivas en el asunto. Su nombre no apareció para nada”, afirmó De Rojas.

Por el contrario, la declaración de su socio Sánchez perjudicó a la funcionaria acusada, ya que explicó que esta estaba presente durante gran parte de una de las reuniones para tratar la petición ilegal de dinero. “Creíamos que Regla estaba en el ajo porque era la persona de confianza de Mellet y este la habría avisado para que no acudiera a la reunión”, puntualizó De Rojas.