De espaldas al sobrepeso institucional

La precampaña electoral ha pasado de puntillas sobre la conveniencia o necesidad de abordar en la próxima legislatura una revisión en profundidad del modelo de organización institucional del País Vasco para evitar duplicidades, gastos innecesarios e ineficacias en el servicio público. Son minoría los partidos políticos que quieren hincar el diente a esta cuestión, por más que es una evidencia que esta comunidad autónoma tiene una densidad de instituciones y burocracia sin parangón en la UE. No parece que ésta sea una preocupación compartida por la mayoría de la clase política vasca o por los ciudadanos. Y todo apunta a que en estas dos semanas de pugna mitinera antes de ir a las urnas, la discusión irá por otros derroteros, pues la arquitectura institucional vasca, su mejora, tampoco viene escrita en negrita en los discursos de los candidatos.

Son los partidos de izquierda los que reman a favor de una reforma integral de la Ley de Territorios Históricos (LTH), aprobada en 1983 para articular el orden institucional y de competencias en Euskadi y que al cabo de casi tres décadas ha demostrado sus carencias e imperfecciones. El PSE-EE y Ezker Anitza se han quedado solos al reclamar una depuración de esta ley para corregir las deficiencias que, según estos partidos, ha demostrado tener la misma. La “norma inmutable”, como se ha venido en llamar por la renuencia a cambiar su redacción original, es poco menos que inalterable para el PNV. El PP pasa de puntillas sobre esta cuestión, mientras que EH Bildu ni siquiera la menciona en su programa electoral.

Las duplicidades en gastos y servicios, el solapamiento de competencias (en materia de empleo, vivienda, política agraria, transportes y, sobre todo, servicios sociales)... son algunas de las consecuencias que los críticos con la LTH atribuyen a esta normativa. El actual modelo institucional, añaden desde estas filas de izquierda, está inflado y requiere una adecuación. Por no citar los problemas que ha suscitado en materia fiscal.

Urkullu: “Si ha funcionado bien en 30 años, ¿para qué cambiarlo”

Es el choque entre dos visiones muy distintas. Una centralista, que aboga por reforzar el papel del Parlamento vasco y del Gobierno, en detrimento de las Juntas Generales y las tres Diputaciones. Y la otra, llamada foralista y liderada por un PNV que siempre se ha resistido a perfeccionar el cuadro institucional.

La LTH, que precipitó la batalla interna en el PNV y su posterior escisión, además de la caída del entonces lehendakari Carlos Garaikoetxea, es un tema tabú para el partido de Iñigo Urkullu. En alguna ocasión ha asegurado que no es un “anatema”, pero lo cierto es que siempre se ha opuesto a su adecuación. “Si tenemos algo que ha funcionado bien hasta ahora, ¿para qué cambiarlo?”, afirma para justificar su negativa a tocar la norma.

Un estudio reciente elaborado por el Gobierno vasco ha cifrado en 403 millones el coste de las “duplicidades e ineficiencias” en el conjunto de las Administraciones públicas vascas. Las duplicidades detectadas proceden de “actuaciones sin amparo legal que llevan a cabo los tres niveles administrativos (Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno)”.

El País Vasco tiene una extensión similar a la de Ourense, algo más de 7.200 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el dibujo institucional que presentan ambos es incomparable. Euskadi cuenta con tres territorios históricos concebidos como “una suerte de comunidades autónomas uniprovinciales”, en palabras de Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV. Su traslación a la provincia gallega sería impensable.

Los socialistas dicen que la LTH se pensó para un país de un solo color político

La LTH no se ha tocado apenas en todo este tiempo, pero tampoco se ha conseguido en muchos años aprobar la ley Municipal, la norma que debe completar el dibujo institucional y regular las competencias de los Ayuntamientos, su financiación y poner orden en las relaciones con las Diputaciones. El Gobierno socialista fracasó en su intento por sancionarla al encontrarse con el bloqueo del PNV y el PP al considerar estos que atentaba contra las atribuciones forales. Sigue a la espera desde 1983, entre otros motivos por chocar su contenido con la LTH.

“El sistema institucional de Euskadi no es el que necesita la sociedad. En tiempo de crisis se hace más necesario disponer de una estructura político-administrativa simple, coordinada y eficaz”, afirman los socialistas. Estos insisten en que el modelo actual “lo hizo el PNV pensando en sí mismo”, para que “un solo partido pueda coordinar todas las instituciones del país”. Ezker Anitza va mucho más allá y reivindica una “circunscripción única” en las elecciones, además de la reforma de la LTH, de tal modo que las Diputaciones se dediquen a ayudar a los ayuntamientos y cedan sus competencias al Gobierno vasco. Estos dos partidos defienden que la fiscalidad pase a estar legislada por el Parlamento y no por las Juntas Generales.

Los peneuvistas defienden elaborar un “mapa de las competencias” de cada nivel administrativo, así como el “desarrollo definitivo” de la ley Municipal. El PP plantea una “reforma integral del sector público” mediante su “reordenación y simplificación”.

A la hora de la verdad, partidarios y detractores del modelo, tanto en la oposición como en el poder, se han adaptado con bastante normalidad al inflado marco institucional creado por la LTH.