Lo importante es la fachada

Hasta 14 tipos distintos de mármol tuvo que presentar un empresario al Ayuntamiento de Madrid para que le permitiera remodelar el local en el que quería abrir su negocio. Otro tuvo que sumergirse en el archivo histórico para rescatar los planos del edificio en el que iba a hacer obras para montar una tienda de golosinas. En muchos casos, las trabas administrativas y la protección de los inmuebles centenarios abortan iniciativas empresariales o reformas que mejorarían la vida de sus inquilinos. Para evitarlo, el Ayuntamiento promete aligerar los requisitos urbanísticos. Lo lleva anunciando meses, pero el cierre de la galería Oliva Arauna por remozar su fachada sin licencia ha avivado el debate. Los arquitectos consultados por EL PAÍS coinciden: es necesario y perentorio cambiar la norma.

El Gobierno local (Partido Popular) aprobó el pasado jueves la revisión de los más de 9.000 edificios protegidos que hay en Madrid, un trabajo que realizarán durante dos años arquitectos, historiadores y otros especialistas para determinar cuáles merecen blindaje por su valor histórico-artísticos y cuáles lo perderán, facilitando así que se puedan hacer obras para mejorar su habitabilidad o explotación económica.

El catálogo de edificios protegidos emana del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. El Ayuntamiento señaló antes del verano que se hizo de forma “discrecional”, sin justificar el valor, de cada inmueble, y con “un régimen extraordinariamente riguroso, rígido e inflexible en lo referido a los usos y obras”. “Se conserva todo lo que sea de más de 100 años, y no todo tiene valor”, opina José Antonio Granero, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). “Y eso ha impedido durante todos estos años la incorporación de arquitectura moderna, o ha destruido edificios de gran valor del siglo XX; ambas cosas son un disparate”.

“No tengo licencia por problemas estéticos”

M. JOSÉ DÍAZ DE TUESTA

Una mañana de mediados de septiembre, la policía municipal precintó por orden del Ayuntamiento la galería de Oliva Arauna, un referente en Madrid y uno de los espacios más importantes de España tras 30 años de trayectoria. El origen del conflicto está en los cambios en la fachada que realizó la galerista cuando compró el edificio en 2003. En todos esos años no ha logrado que le dieran licencia.

Pregunta. Cuándo compró el local ¿cómo era la fachada?

Respuesta. Estupenda para lo que había, un restaurante de drag queens: estaba llena de neones, pieles de tigre y dorados. Lo que hice fue limpiar esos elementos de decoración; quedaron dos huecos y unas columnas de 1929 de hierro fundido que dejé vistas y, en el resto, puse un cristal traslúcido, que era lo más aséptico y contemporáneo para un edificio antiguo.

P. ¿Pidió algún permiso para esas modificaciones?

R. No, porque solo eran elementos decorativos y para eso no se necesita. Lo que sí pedimos, porque hacía falta, fue una licencia de obras para retocar unas columnas que estaban descarnadas y apuntalar el edificio. Lo hice a través del estudio del arquitecto Ignacio Vicens.

P. ¿Cómo se complica todo?

R. Tras pedir la licencia pasó un mes y no obtuve respuesta; por silencio administrativo, retomamos la obra y en 2004 inauguramos la galería. Al cabo de un tiempo un vecino nos denunció porque decía que poníamos unos vasos en las inauguraciones que le impedían el paso.

P. ¿Cuándo llega la negativa?

R. En 2006. Cuando parecía que las aguas se habían tranquilizado, una discoteca de al lado puso otra denuncia por una cuestión estética. Y, en noviembre de 2011, el Ayuntamiento me cerró la galería durante una semana por no tener licencia. Pusimos más recursos, y hasta hoy. En paralelo, hablé con gente próxima al Ayuntamiento, que me dijo que tenía solución.

P. ¿Por qué se la deniegan?

R. Por problemas estéticos. La pedí a través de la Comisión de Patrimonio Artístico de Madrid, el organismo encargado al ser este un edificio histórico.

P. ¿Qué le piden que haga?

R. Que vuelva a la fachada antigua: en la entrada, dos huecos similares a los balcones de arriba; y en la parte central, lo que yo llamo un cartón piedra, una simulación con elementos metálicos de unas determinadas características. El problema es que el archivo de la Villa no sé en que momento se quemó, y por lo tanto no existen ni fotos de la época, ni planos. Mi argumento se basa en que, si no queda nada, por qué voy a tener que hacer una interpretación.

P. ¿Tener la galería cerrada le supone daño económico?

R. Mucho, no viene nadie; tenemos puestos en el cristal los teléfonos, pero no podemos abrir la puerta. Quiero dejar claro es que yo pago mis impuestos, no debo nada a nadie. El precinto no se debe a nada grave, son problemas estéticos.

P. ¿Cómo va ahora la cosa?

R. Estamos en conversaciones, que espero, y el Ayuntamiento también, que sean lo más ágiles posibles. Ahora es el juez quien tiene que actuar en base a lo que hemos presentado. Todo está legal y perfecto.

¿Qué quiere hacer ahora el Ayuntamiento? En primer lugar, permitir nuevos usos para los edificios singulares, incluso aunque estén declarados bienes de interés cultural, siempre y cuando no se requieran obras de calado.

Además, desea relajar los requisitos para las reformas, permitiéndolas incluso en los edificios de mayor protección si así se mejoran las condiciones del inmueble; por ejemplo, se podrían usar materiales contemporáneos en lugar de originales, como obliga el plan vigente. Y busca también dar mayor flexibilidad para cambiar las fachadas.

El estudio de arquitectura Junquera ha realizado, entre otras, la rehabilitación de la Biblioteca Nacional y del Hipódromo de la Zarzuela (premiada por el COAM). “El hipódromo es un edificio de 1934, no tenía las instalaciones que hoy se reclaman (por ejemplo, aire acondicionado). Y eso tiene unas servidumbres, hay que hacer unas perforaciones en la fachada; ahora dicen que no se puede. A la hora de rehabilitar hay que contar con que el edificio tenga una mínima violencia para adecuarlo a la actualidad”. En la Biblioteca Nacional, por unos centímetros no cumplía una determinada distancia. “¿Y qué hacemos? ¿Tiramos la biblioteca? ¿O no la usamos?”.

El arquitecto centra el problema en la falta de cultura del patrimonio, en la ausencia de voluntad de conservarlo, y en que las decisiones en cuanto al tipo de intervenciones quedan en manos de funcionarios que no son expertos y tampoco tienen a quien recurrir. “La rehabilitación es un proceso complejo que requiere gente formada y con criterio; ahora es un desastre”.

El catedrático de la Universidad Politécnica Javier Mosteiro lamenta “la absoluta falta de control” en las fachadas de los edificios. “Creo que no se debe tanto a carencia de normativas como a falta de disciplina urbanística. Es habitual encontrar, y padecer, auténticas transformaciones sin criterio y sin aprobación municipal, tanto en locales comerciales como en áticos, con sus inopinados cerramientos y chabolismos”. El paisaje urbano pertenece a la ciudad y en ella debe prevalecer el interés de lo público sobre lo privado. Por eso, también en las fachadas, “la cuestión de la estética se imbrica con la de la ética”.

Pero no se trata solo de un problema arquitectónico: también es un quebradero de cabeza para los empresarios que necesitan hacer obras. Por ejemplo, Azucena y su marido, que alquilaron un local en la calle Esparteros, a un tiro de piedra de la plaza Mayor. Era una antigua librería, que reformaron por dentro y fuera para convertirla en tienda de recuerdos para turistas. Invirtieron 40.000 euros y contrataron a dos empleadas. Llevaban un año e “iban tirando” cuando, en noviembre de 2011, el Ayuntamiento precintó el establecimiento. “Nos dijo que la fachada tenía que quedar como hace 100 años”, explica Azucena. Tras innumerables gestiones y ruegos, tiraron la toalla. El dueño no quería pagar la obra, y ellos no tenían dinero para hacerla. Ahora, el local languidece, abandonado.

Francisco Valverde se enfrentó al mismo problema, pero logró solventarlo. El precio fueron 300.000 euros y 10 meses de obra. Abrió un restaurante en el número 9 de la carrera de San Jerónimo, en lo que antes había sido una tienda de ropa. “Se cargaron el local, se caía a trozos”, explica. El Ayuntamiento le obligó a recuperar la apariencia del edificio un siglo ha. “Hubo que restaurar la lámpara, fabricar los apliques… Presenté a la Comisión 14 tipos distintos de mármoles para que eligieran cuál era el más parecido al original”.

La Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural (CPPHAN) se creó con el plan de 1997; en ella colaboran la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. En la práctica, el alto volumen de expedientes la convierte, más allá de lo minucioso y estricto de sus exigencias, en un cuello de botella.

Carlos quiso abrir una tienda de golosinas en el número 56 de la calle Mayor, pero la policía municipal se la precintó en enero, cuando aún no había tenido ni siquiera oportunidad de inaugurarla. “Me dijeron que tenía que dejar la fachada como en 1904. La Comisión me indicó que debía acudir al archivo, y a partir de los planos históricos hice otro proyecto. Me lo aprobaron, pero tardaron cuatro meses; para entonces, ya había desistido: tenía que desmontar la fachada entera, poner granito, ménsulas... Ni siquiera pedí precio”, explica.

La comisión recibe también las críticas del decano del Colegio de Arquitectos: “No siempre han sido profesionales los que la llevaban, ni tampoco eran profesionales los criterios por los que se guiaba. Debe integrarla gente desde el conocimiento y la excelencia”. José Antonio Granero cree necesaria una regulación flexible, que incluya nuevos usos y contemple si hay especial demanda de algunos elementos.

Por ejemplo, las terrazas. “Madrid es una ciudad de terrazas y en muchísimos edificios no se permiten”. Critica algunos aspectos de las que están en la calle: “Muchas tienen unas sombrillas horrorosas, y lo mismo ocurre con las máquinas de aire acondicionado. Se requiere un esfuerzo de embellecimiento del paisaje”.

El caso de un conocido restaurante que prefiere no publicar su nombre ejemplifica el barullo administrativo al que se enfrentan los empresarios. Abrió en 2005, tras realizar obras de calado en un local que llevaba un cuarto de siglo sin uso. El año pasado recibió su primera inspección, pero para entonces, “por el funcionamiento normal del local, se encontraron cambios respecto a los planos originales”, explica un responsable. Los solventaron, presentaron los papeles correspondientes, pero cuatro días después, en enero, el local fue precintado. “Nos explicaron que había una laguna legal, porque la licencia la había concedido el distrito pero el cierre lo ordenaba una agencia de licencias”, cuenta. Estuvieron 17 días cerrados. “Si hubieran sido tres meses, no habría podido volver a abrir y diez personas se habrían quedado sin trabajo”, se lamenta.