Condenado el diputado del PP Vicente Ferrer por conducir ebrio

“Me reuní con unos amigos de la Universidad a comer una paella y ya se sabe lo que pasa: empezamos a la una y acabamos a las ocho y tomé la decisión errónea de coger el coche”. El domingo pasado acabó para el diputado del PP Vicente Ferrer con una condena en juicio rápido a ocho meses de retirada del carné por dar positivo en un control de alcoholemia en Valencia. “Fue un error torpe, muy torpe”, aseguró a EL PAÍS el diputado, portavoz de Defensa en el Congreso. En la anterior legislatura era portavoz adjunto del Grupo Popular en la Comisión de Justicia y, por tanto, ponente en la reforma del Código Penal.

Ferrer se hizo conocido en la opinión pública porque en mayo de 2010 hizo unas declaraciones a la cadena SER en las que llamaba “timonel borracho” al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El diputado asegura que esas declaraciones fueron mal interpretadas porque, en realidad, él dijo que “España era como un barco en el que el capitán tenía un timonel borracho, y nadie se tomó la molestia de escuchar la declaración competa”.

Ferrer ha sido ahora condenado sin que hubiera revelado en ningún momento que era diputado. Por eso, el caso fue visto en el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, a pesar de que no es competente para enjuiciar a parlamentarios.

El artículo 71 de la Constitución establece que “durante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Es decir, que para enjuiciar a Ferrer era preciso pedir autorización al Congreso y llevar el caso al Supremo, como ha ocurrido otras veces. Por ejemplo, el también diputado del PP Ignacio Uriarte fue condenado por el alto tribunal a ocho meses de retirada de carné y al pago de 2.400 euros por conducir en 2010 bajo los efectos del alcohol.

En este caso, Ferrer no dijo al juez que es diputado. Según explica, entendió que, al no estar en el ejercicio de sus funciones, no debía invocar su condición y aceptaba la condena. Además, según detalla, es un ahorro evitar el trámite de comunicación al Congreso y el traslado del caso al Tribunal Supremo. Fuentes del Congreso explican, no obstante, que no es potestativo el aceptar no ser juzgado por el Tribunal Supremo, puesto que la propia Constitución establece que “no podrán ser procesados ni juzgados sin autorización de la Cámara”. El fiscal del caso Uriarte se opuso a que el caso fuera a un juzgado por ser irrenunciable la competencia del Supremo. Ferrer asegura que el próximo lunes, en su primera intervención ante la Comisión de Defensa, pedirá disculpas a la Cámara. Ha comunicado los hechos a la dirección del Grupo Popular, que no tomará ninguna medida.