La industria del metal acusa al Consell de fomentar la economía sumergida

La potente industria valenciana del metal ha emitido este lunes un duro comunicado en el que acusa a la Generalitat valenciana de favorecer "el intrusismo" y "la economía sumergida", así como de poner "en tela de juicio la seguridad industrial". El origen del nuevo malestar es la decisión del Gobierno valenciano de suprimir la regulación que existía en determinadas actividades económicas, como la fontanería, los talleres de reparación de automóviles, el mantenimiento de las subestaciones eléctricas y centros de transformación de energía.

"El objetivo inicial era simplificar la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales", trasladando a la legislación autonómica una directiva europea, han señalado las tres patronales provinciales del metal en un comunicado. "Pero la solución elegida afecta gravemente a la seguridad industrial, a los consumidores y usuarios, y a las empresas y trabajadores, ya de por sí muy perjudicadas por la actual crisis económica", concluye.

Las patronales del sector en las provincias de Valencia (Femeval), Alicante (Fempa) y Femecas (Castellón), consideran que el Consell "trata de quitarse de encima competencias que suponen actividad y control para recortar gastos, pero haciendo dejación de las funciones propias de la Administración. Y todo ello en perjuicio de los ciudadanos".

La industria del metal anuncia que está estudiando la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el decreto de la Generalitat. Y reprocha al Ejecutivo de Alberto Fabra que haya elegido esta vía cuando otras autonomías, como Madrid, Cataluña, Murcia y Aragón han mantenido los requisitos para ejercer este tipo de actividades.

La desregulación en el caso valenciano puede tener como consecuencia, considera el sector, un empeoramiento de la calidad del agua en los hogares, la proliferación de talleres ilegales —lo que redundaría en una menor seguridad vial y en la competencia desleal frente a quienes sí cumplen las normativas— o en un menor control de las subestaciones eléctricas y centros de transformación. "Parece mentira que estas sean las medidas de apoyo a la industria aprobadas por el Consell", señala el comunicado, que asegura que las patronales ya habían trasladado a la Generalitat la conveniencia de mantener la regulación, aunque fuera adaptándola al nuevo marco legislativo procedente de Bruselas.