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Una fortaleza en medio del parámo

El Gobierno descarta abrir la prisión de Archidona tras invertir 90 millones

Fernando J. Pérez
Vista exterior de las obras de la nueva cárcel que se está construyendo en Archidona (Málaga).
Vista exterior de las obras de la nueva cárcel que se está construyendo en Archidona (Málaga).GARCÍA-SANTOS

La noticia era esperada, pero el pasado 24 de septiembre —festividad de la Virgen de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias— el subdelegado del Gobierno en Málaga, la confirmó sin medias tintas: la crisis económica hace “imposible” de momento poner en funcionamiento la prisión Málaga II, situada en Archidona. La cárcel, casi terminada tras una inversión de más de 90 millones de euros, quedará como una fortaleza fantasma en medio del páramo a medio camino entre Archidona y Villanueva del Trabuco. En las arcas públicas no hay dinero para contratar a los cerca de 500 trabajadores que requeriría su entrada en servicio. “Esa es la cruda realidad, lo que no implica que en el momento en que sea factible sea acometa con toda la celeridad necesaria”, afirmó el representante del Ejecutivo central en la provincia, Jorge Hernández Mollar.

No hay fondos para contratar a los 500 nuevos trabajadores del penal malagueño

La suspensión sin fecha de la prisión de Archidona implica que continuará la dispersión de los presos penados malagueños por cárceles de fuera de su provincia. La prisión de Alhaurín de la Torre está concebida principalmente para internos preventivos, es decir sin condena. En la actualidad, la cárcel malagueña alberga 1.400 presos, de los cuales, de forma excepcional, sólo 200 son penados, casi todos con condenas de corta duración.

El ambiente en la prisión de Alhaurín, mientras tanto, se enrarece, según los funcionarios. La cárcel no está tan masificada como en años anteriores —debido en parte a la agilización de los procesos de extradición de delincuentes extranjeros—, sin embargo, el aumento de la media de edad de los funcionarios, actualmente en 45 años, sumado al hecho de que no entran promociones nuevas, hacen más penoso el trabajo en los módulos. “En 18 meses, con los recortes, hemos pasado de tener habitualmente dos funcionarios por módulo y turno, de modo que ante un problema, el funcionario se tiene que meter solo en el patio. Muchos compañeros tienen más de 50 años y como somos personal civil no se plantea el paso a segunda actividad. Con 60 años una cárcel no es un ámbito para estar al pie del cañón”, se queja Francisco José Macero, del sindicato de funcionarios de prisiones Acaip.

El Gobierno no se plantea, al menos de momento, abrir la prisión de Archidona de manera parcial, como ocurre con al menos otros cinco centros penitenciarios de todo el territorio nacional —Las Palmas, Zaballa (Álava), Murcia, Menorca y Pamplona—. Alguna de estas prisiones está abierta con un solo módulo. “No abrir la cárcel es un despilfarro. Sólo en el último año se habían librado 34 millones de euros para equipar la prisión”, afirma Macero.

Archidona es la prisión con la construcción más avanzada de toda España. “El problema es que la infraestructura se deteriore, como pasó con la prisión de Zuera, en Zaragoza, que estuvo cerrada varios años, y ponerla en marcha costó cuatro millones más”, señala José María López, delegado de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias en Madrid. “Con el Gobierno anterior, y coincidiendo con un aumento del número de reclusos, se generaron infraestructuras y no se previó la dotación de funcionarios. La situación en las prisiones es francamente dramática: hay más agresiones a funcionarios, problemas de salud laboral y estrés. Se degrada el servicio público y las infraestructuras decaen por sí mismas”, añade López.

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La no apertura de Málaga II también supone un mazazo para la comarca de Antequera. “Se frustran las expectativas laborales y económicas de la implantación en la zona de funcionarios y empresas auxiliares”, afirma el alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, de IU.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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