De la Oliva exige un “compromiso político” para agilizar la justicia

“Quiero, exijo, un compromiso político para evitar que nuestras resoluciones lleguen tarde”. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, empleó este viernes una contundencia inusual a la hora de reclamar un mayor esfuerzo de las Administraciones para aportar medios y soluciones técnicas que posibiliten una mayor eficacia en los juzgados valencianos. De la Oliva, que hizo estas reclamaciones durante el acto de apertura del Año Judicial 2012-2013, llegó a asegurar que “la Justicia no ha sido hasta ahora una prioridad política”.

La presidenta del TSJCV hizo estas reivindicaciones en presencia, entre otras personalidades valencianas, del fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo; la portavoz y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo y Fernando de Rosa, respectivamente; el consejero de Justicia, Jorge Cabré; y la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León. Y ante ellos desgranó la actividad realizada en 2011 por los 36 partidos judiciales valencianos, con sus 515 jueces y magistrados.

Así, el año pasado se ingresaron 960.000 asuntos judiciales y se resolvieron prácticamente un millón. “Los jueces, magistrados y secretarios dictaron más de 911.000 resoluciones entre sentencias, autos y decretos”, aseguró De la Oliva, que añadió: “A pesar de perder funcionarios, a pesar de que casi han desaparecido las prolongaciones de jornada, a pesar de que hemos perdido refuerzos de jueces y secretarios, hemos reducido en un 10% los casos pendientes”, cifrados a finales de 2011 en 330.000.

No obstante, la presidenta del TSJ valenciano habló de colapso. Y no, dijo, porque los jueces asuman entre tres o cuatro veces la carga de trabajo considerada idónea por el CGPJ. Se refirió a que esa falta de medios hace que muchas resoluciones se demoren meses: “Ese colapso es conocer con nombres y apellidos a miles, decenas de miles de personas pendientes de saber cómo queda su despido, a qué tienen derecho”. Un retraso que De la Oliva lamenta: “Yo no puedo considerarlo aceptable”.

La presidenta del TSJ quiso dejar claro que el esfuerzo de las Administraciones no necesariamente pasa por incorporar a más personas, sino por “permitir su movilidad, de ajustar plantillas en función de las cargas de trabajo”. En definitiva, se trata, dijo, “de que la Administración apueste por la justicia, se dedique de verdad a mejorar su operatividad”. Y mencionó la necesidad de bases de datos actualizadas, conexiones adecuadas y refuerzos de jueces y secretarios.

Por eso, aunque los jueces están acostumbrados “a trabajar en la escasez”, exigió un compromiso de los dirigentes políticos, que son los responsables de “diseñar las mejores estructuras productivas y de facilitar los medios necesarios” a la justicia.

“Necesitamos ese compromiso, porque lo necesitan los ciudadanos”, añadió la magistrada, “y esta crisis merece ese compromiso de una Administración que verdaderamente trabaje por y para sus ciudadanos”.