Aguirre bloqueó a Botella un plan para ampliar edificios públicos en el centro

Llegará un día en el que nadie recuerde cómo surgió tal inquina entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital; un día en el que Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre sean solo nombres de calle (o avenida) para el ciudadano; un día en el que tal vez, o tal vez no, ese enfrentamiento —abierto o velado, según la temporada—, que se remonta ya casi 10 años atrás, se haya diluido. Y ese día, perdida ya la memoria, aún se estarán resolviendo en los juzgados algunas de esas pugnas a las que condujo la rivalidad política entre dos Administraciones gestionadas desde hace casi dos décadas por el mismo partido político.

El último de estos conflictos en llegar a los tribunales es tan incomprensible como muchos de los anteriores, más si cabe porque se esconde tras el léxico críptico de los textos urbanísticos. Resumido, vendría a decir así: el Ayuntamiento (Partido Popular) quiso ampliar la edificabilidad de 21 inmuebles públicos de uso dotacional, bien para enriquecer esos servicios, bien para revalorizar las fincas en las que se encuentran con vistas a posibles operaciones inmobiliarias. Y la Comunidad (Partido Popular) respondió que no, atendiendo a un razonamiento más político que técnico (el expediente municipal contaba con todos los parabienes pertinentes, medioambientales y urbanísticos, de los técnicos regionales).

Conclusión: el Ayuntamiento presentará un recurso contencioso, tal y como reconoció ayer a pregunta del edil socialista Marcos Sanz, y los tribunales resolverán cuando sea menester.

La historia, a escala administrativa, es como sigue: el Ayuntamiento, regido ya por Ana Botella, aprobó el 28 de febrero una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el casco histórico de la capital, para ampliar una serie de edificios públicos mediante un aumento de su edificabilidad. Es decir, si una comisaría, por ejemplo, tuviera dos pisos de altura y se encontrara rodeada de edificios de hasta ocho alturas en la misma manzana, con este cambio podría, en caso de considerarse necesario, crecer hasta seis plantas.

El expediente contaba con los informes medioambiental y patrimonial preceptivos, refrendados por la Comunidad de Madrid. Los edificios afectados tienen un grado de protección parcial por su valor histórico o paisajístico; sin mediar el cambio solicitado por el Ayuntamiento, solo podría ampliarse su superficie edificable hasta un 20%. El expediente municipal cumplía con la Ley regional del Suelo y había sido aprobado por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad, pero requería del visto bueno definitivo del Gobierno regional de la ahora dimitida Esperanza Aguirre, que el pasado 12 de julio decidió negárselo.

Alegó que el incremento de edificabilidad se refiere a dotaciones públicas y no privadas, “desestabilizando por tanto la red existente”. Consideró que, si se pidiera también para las dotaciones privadas de esas zonas (aquellas, claro, que no alcanzan ya la máxima edificabilidad), “redundaría en un mayor beneficio de la colectividad”. Es decir, según la Comunidad, deben aumentarse las dotaciones privadas porque ello llevaría automáticamente a aumentar las públicas, “reforzando la red dotacional en su conjunto”.

El Ayuntamiento no ha pedido un aumento de edificabilidad para empresas privadas, algo que deberían hacer estas, sino para dotaciones de carácter público. Pero la Comunidad va más allá y pone en duda que no baste con aumentar un 20%, como permite la ley, esos servicios públicos, sin tener que recurrir a un cambio urbanístico que permita un incremento mucho mayor. Una vez más, decidirá el juez.