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Madrid quiere regular acampadas, ‘gorrillas’ y ‘lateros’

El Ayuntamiento habla con partidos y asociaciones para definir la ordenanza

Jóvenes participan en un 'botellón' en la Ciudad Universitaria. Ampliar foto
Jóvenes participan en un 'botellón' en la Ciudad Universitaria.

El Ayuntamiento de Madrid empezará a debatir en unos días con partidos, asociaciones y vecinos una ordenanza de convivencia que quiere tener lista antes del verano y que tomará como modelo un texto de la Federación de Municipios y Provincias que está en vigor, con notables diferencias, en Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Málaga.

Estas ciudades son los ejemplos que ha mirado el PP para preparar el debate, que partirá de estas premisas:

  • Mendigos y prostitutas. La mendicidad "insistente, intrusiva o agresiva" se prohíbe en Barcelona (y, con menor detalle, en Málaga), así como abordar a los conductores en un semáforo, o emplear a menores para pedir limosna. Se contemplan multas de hasta 3.000 euros, pero sobre todo, ante la dificultad para cobrarlas, se menciona la intervención social. Respecto a la oferta y demanda de servicios sexuales en la vía pública, Barcelona y Málaga multan a clientes y prostitutas con hasta 750 euros. Sevilla solo a los primeros, línea por la que apuestan todos los partidos en Madrid.
  • Ni botellón ni acampadas. El consumo de alcohol en la vía pública está prohibido en Madrid por una ley regional. En Barcelona, la ordenanza estipula que no puede hacerse si causa molestias y, en ningún caso, con botellas o latas. Esta ciudad, como Zaragoza y Málaga, multa con hasta 300 euros a quien orine o escupa en la calle, cinco veces más si lo hace contra un edificio protegido. También se prohíbe en Barcelona la venta ambulante de comida y bebida, con el ojo puesto en los lateros (que ofrecen cerveza), y los servicios de masaje, tarot y tatuajes. Málaga incluye en este apartado a los gorrillas que ayudan a aparcar. Barcelona prohíbe acampar en espacios públicos, dormir en bancos y bañarse en fuentes.
  • Trileros y monopatines. Barcelona y Sevilla multan con hasta 3.000 euros las "conductas de menosprecio" (xenófobo, homófobo, racista, sexista), especialmente contra niños, ancianos y discapacitados. El reparto de folletos o las pintadas ya están regulados en Madrid por la ordenanza de limpieza, pero no así otros asuntos: en Barcelona y Sevilla, las apuestas están prohibidas en la vía pública con multas de hasta 1.500 euros, el doble para timos como el trile ("apuestas que comportan un riesgo de pérdida más allá de lo habitual en todo juego de azar"). En Barcelona se prohíben los juegos de pelota que molesten, y sobre todo, como en Málaga, acrobacias con monopatines.
  • Limpieza urbana. Madrid tiene una ordenanza específica de 2009; sin embargo, Barcelona y Sevilla abordan, por ejemplo, la autorización de actos desde una óptica más general (la capital obliga a los organizadores a depositar una fianza para actuaciones excepcionales de limpieza), llegando a denegar aquellos que pongan en riesgo la convivencia.
  • Vandalismo y ruido. Estas ciudades prevén también acciones contra el vandalismo (destrucción de mobiliario, parques, fuentes), regulan temas como las mascotas o el lavado de coches en la calle, y el exceso de ruido en espacios públicos. Esto último cuenta con una norma específica en la capital desde 2011. Ayer, además, el Gobierno municipal aprobó en comisión la declaración de la zona de protección acústica del centro, con dos variaciones sobre el texto inicial: sí se podrán abrir bares, cafeterías o restaurantes en áreas muy saturadas de ruido, siempre y cuando estén en edificios no residenciales. Además, el plan de movilidad en preparación contemplará medidas de templado de tráfico, calles con preferencia peatonal, un mejor uso de la bici y un análisis de la eficacia de la red de transporte público. Ya se preveía limitar el estacionamiento en superficie, peatonalizar calles y vigilar mejor la doble fila.
  • Fomento del civismo. Barcelona apuesta por campañas publicitarias, clases en colegios o concursos; presta ayuda jurídica a las víctimas e incluso se persona en causas judiciales; promete potenciar el voluntariado, y favorece el permiso de residencia a extranjeros que potencien la convivencia.

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