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Los ginecólogos de Morín niegan haber hecho abortos ilegales

Los acusados defienden que ellos no realizaban la evaluación de los casos

Dos ginecólogos de las clínicas de Carlos Morín niegan haber practicado abortos ilegales. Ramón Tanda y Antonio Reñé defendieron ayer en el macrojuicio contra Morín, al que se acusa de haber realizado un centenar de interrupciones de embarazo fuera de la ley, que todas las intervenciones que realizaron cumplían los supuestos permitidos por la normativa. Tanda, además, negó haber participado en unos 70 abortos presuntamente ilegales, a pesar que en los respectivos informes médicos consta su firma. El fiscal pide para Tanda una pena de 207 años de cárcel.

El ginecólogo defendió que las pacientes a las que atendió le habían sido enviadas desde otras áreas de la clínica de Morín y que sus historiales se ajustaban a los supuestos permitidos por la Ley del Aborto: riesgo para la madre, violación o malformación del feto.

El acusado aseguró que en la clínica gozaba de suficiente autonomía y poder de decisión como para rechazar cualquier aborto que considerara que estaba fuera de los supuestos legales.

Tanda y Reñé afirmaron también que ellos no participaban en el proceso de evaluación de las pacientes y apuntaron hacia Morín como “el máximo responsable de la supervisión de los casos. En este sentido, ambos facultativos apuntaron que eran otros especialistas de la clínica los que se encargaban de estudiar cada caso y comprobar que se ajustaban a los supuestos legales.

Cuando las mujeres entraban al quirófano, explicaron los acusados, lo hacían con el diagnóstico hecho y con la documentación necesaria. En este punto, añadió Ramón Tanda, realizaban la operación sin comprobar que realmente los casos se encontraban dentro del marco legal.

Lo que sí se comprobaba era la existencia de todos los documentos necesarios, matizó Reñé. Este médico —acusado de 16 abortos por los que el fiscal pide 50 años de cárcel— incidió en que revisaba que el historial incluyera los informes clínicos necesarios que acreditaban la legalidad de la intervención.

Los ginecólogos, igual que hizo el martes el doctor Morín, se negaron a responder a las preguntas de las acusaciones representadas por E-Cristinas, Alternativa Española y la Fundación Tomás Moro. Hoy declaran el resto de personal de la clínica, en un juicio que se prolongará durante dos meses.