Botella regulará la prostitución en la calle y la mendicidad

“En 1948, un problema de convivencia en las calles de Madrid era la cría de gallinas. Ahora hay muchos más, y muy diferentes”, explica la concejal de Asuntos Sociales de la capital, Dolores Navarro.

Hace referencia a la ordenanza del 17 de julio de aquel año, prolija y de inconfundible aroma franquista, que ha sido modificada o derogada parcialmente desde entonces, pero sigue en vigor.

Entre otras disposiciones, prohíbe secar ropa en los balcones, sacudir alfombras por la ventana si no es entre las siete y las nueve de la mañana, partir leña en la calle, “las riñas en general y poner objetos que obstaculicen el paso de tranvías”. Y establece, por ejemplo, que “todos los habitantes de la Villa han de observar la compostura y corrección de palabra y modales que exige el elevado concepto de ciudadanía, del que debe ser modelo la capital, absteniéndose de proferir ofensas a la patria, al régimen, a la religión, a la moral y a la cultura”.

Ahora, 64 años después, el Ayuntamiento de Madrid, democráticamente en manos del Partido Popular, planea unificar antes del próximo verano todas las normas dispersas que afectan a la convivencia de los ciudadanos, desde las más llamativas, como la mendicidad y la prostitución callejera, el botellón y la venta ambulante de CD o latas de cerveza, hasta otras menos evidentes como equilibrar el derecho a tomar el fresco tranquilo y a jugar al balón en la calle, o de circular en bicicleta por una vía peatonal.

En su programa electoral, tan exquisitamente literario como exento de concreción, el anterior alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), prometía recuperar el “tercer lugar” definido por Ray Oldenburg como “un espacio neutro de la comunidad, donde las personas se reúnen voluntariamente y de manera informal al margen de las desigualdades y el nivel social para promover la participación de la comunidad y la conexión social”. A esa aspiración servía, por ejemplo, peatonalizar las calles o reforzar la seguridad con cámaras de videovigilancia.

Ana Botella, que tomó el bastón de mando de Gallardón en noviembre, y cuyo relato político pasa necesariamente por su mayor fortaleza, la política social, ha decidido ahora construir, con retazos normativos desperdigados, una ordenanza de convivencia.

Botella da este paso, en “respuesta a la demanda ciudadana”, para “facilitar la intervención de los distintos servicios municipales en el espacio público”, aunque “las medidas sociales y educativas primarán sobre la coerción”.

La norma vigilará, entre otras actividades, la degradación visual del entorno urbano; el uso inadecuado del espacio público para juegos o apuestas, así como para la mendicidad y la oferta y demanda de servicios sexuales; los atentados contra la dignidad de las personas; el consumo de bebidas alcohólicas (y la micción) en la vía; la venta ambulante, en particular de comidas y bebidas; y otras conductas vandálicas o inapropiadas (ruido, música).

Este mes pondrá en marcha varias mesas para tratar estos temas con partidos y asociaciones. Además, elaborará un texto de intenciones que sirva de punto de partida, con las líneas generales aprobadas por la Federación de Municipios y Provincias.