La recaudación del gran plató

El complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, que ha costado a las arcas públicas, que se sepa hasta ahora, más de 1.100 millones de euros, tiene añadida a sus usos culturales, de ocio y turísticos una función escenográfica, de gran plató, cuya rentabilidad real es difícil de medir. En términos económicos, la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, la evaluó públicamente el pasado mes de julio en 23 millones de euros que se habrían recaudado a lo largo de 12 años “gracias a los más de 2.500 actos, presentaciones de productos, anuncios, reportajes fotográficos o rodajes de películas que se han realizado en sus instalaciones”.

En efecto, parte de esos datos son los que Johnson remitió a la diputada socialista en las Cortes Valencianas Eva Martínez, en respuesta a sus preguntas parlamentarias sobre el asunto. La diputada pedía una relación de usos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la consejera le remitió unas tablas en las que figuran los clientes que alquilaron desde 2008 alguno de los “amplios espacios para cualquier tipo de celebración” existentes en el recinto.

La lista incluye compañías automovilísticas como Volvo, Nissan, Audi o Ferrari, bancos, empresas eléctricas como Iberdrola o Endesa, o de las comunicaciones y la informática, como Siemens, Vodafone o IBM, además de colegios profesionales, medios de comunicación e instituciones y entidades de todo tipo, desde la propia Generalitat a la asociación de amas de casa Tyrius. También figura alguna referencia embarazosa como, por ejemplo, que Orange Market, terminal valenciana de la trama corrupta del caso Gürtel, alquiló el paseo de los cipreses, del complejo lúdico-cultural, en agosto de 2008.

Lo que no se sabe es por cuánto lo hizo, ya que la consejera sólo ofrece en su respuesta datos anuales de recaudación. Así, en 2008, el complejo de la Ciudad de las Artes ingresó 1,8 millones por este concepto, 791.000 euros en 2009, 1,2 millones en 2010, dos millones en 2011 y 157.000 euros hasta febrero de 2012.

Eva Martínez no se conforma con la información aportada por Johnson y ha efectuado cerca de 500 nuevas preguntas en las que reclama “cuál ha sido la cantidad desembolsada” por cada sociedad, empresa o entidad en concepto de alquiler del anillo de L’Hemisfèric, el auditorio del Mar Rojo o el restaurante submarino en L’Oceanogràfic, las arquerías o la sala polivalente del Museo de las Ciencias y otros espacios del complejo.

“Queremos saber qué ha pagado cada uno y por qué”, explica la diputada socialista. “Esperamos que nos conteste y que no suceda como en el caso Nóos, en el que hemos sabido por el juzgado lo que fue la gestión de la Cacsa”. Martínez recuerda que ha tenido que testificar como imputada ante el juez que instruye el caso Urdangarin la que fuera subsecretaria de Presidencia de la Generalitat, Isabel Villalonga, para saber que el instituto presidido por el duque de Palma presentó al cobro al menos 123 facturas por casi dos millones de euros que no respondían a servicios realmente prestados. Villalonga fue liberada de su imputación tras aportar la documentación al juez, pero la empresa pública Cacsa (Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA), sigue bajo sospecha por los tratos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia con el yerno del Rey.