Y Fukushima remató a Garoña

La larga sombra del accidente nuclear de Fukushima ha terminado con Garoña, pese a los intentos de la industria nuclear española de seguir como si no nada hubiera pasado.

El informe oficial del Parlamento japonés publicado el pasado julio ha sido durísimo con la industria nuclear, porque ha dejado en evidencia la negligencia e ineficacia de los sistemas de control que tienen las empresas explotadoras y de las autoridades. Para los expertos que informaron al Parlamento japonés, el accidente de Fukushima no fue consecuencia de una catástrofe natural, como defiende la industria nuclear, sino que fue causado por el hombre, dado que la empresa y las autoridades conocían la posibilidad de esos sucesos naturales y prefirieron no hacer nada para prevenirlos, debido al coste económico de las medidas correctoras. Según ese informe del Parlamento, “las autoridades desprecian el peligro público” asociado a las centrales nucleares.

El informe daba un espaldarazo definitivo a quienes exigen cambios profundos en la regulación de la energía nuclear, un sector que vive de negar el peligro y de inhibirse de las consecuencias económicas y humanas de los accidentes. Como se sabe, el coste de las indemnizaciones por accidente, más de 50.000 millones de euros en el caso japonés, recae sobre el Estado. Como reconoce el propio presidente de la ASN francesa, organismo encargado de la seguridad nuclear, es muy difícil encontrar algún miembro de los órganos reguladores de la energía atómica que no provengan de las propias empresas eléctricas que tienen que vigilar, lo que provoca conflictos de intereses muy potentes, que se resuelven sistemáticamente a favor de las empresas.

En Francia, que es el país más pronuclear que existe, las autoridades tuvieron que asumir que “algo habría que hacer” y, por ejemplo, han puesto en marcha una “fuerza de intervención nuclear rápida”, que pueda acudir a auxiliar a una central en crisis, porque en Fukushima se vio que los propios medios de la central eran inservibles. Igualmente, han exigido a cada reactor que se dote de un “núcleo duro” consistente en una especie de búnker donde puedan subsistir en caso de accidente los gestores de la planta, donde haya un sistema de agua de refrigeración de emergencia adicional e independiente del exterior y donde haya un sistema de diésel adicional de emergencia también independiente del exterior, mecanismos todos ellos que fracasaron estrepitosamente en Fukushima El conjunto de las medidas está valorado en 50.000 millones de euros para un total de 58 reactores.

Pero en España la situación era muy diferente. Debido a la falta de transparencia democrática y al enorme peso del lobby nuclear, aquí se defendía sin rubor alguno que con una inversión total de 500 millones de euros ya se podía hacer frente a las enseñanzas de Fukushima. Es decir, se pretendía solventar el problema con una inversión por reactor 10 veces menor que los franceses. Como me decía un experto del asunto, parece ser que a nuestras autoridades les parecía suficiente con colocar un gran botijo con agua fresquita al lado de cada vasija en vez de los costosos sistemas franceses.

Y es que la tradición tolerante de nuestras autoridades es proverbial. Ya en el año 2009 le habían perdonado a la central de Garoña el tener que abordar costosas actuaciones para sustituir el sistema eléctrico y para combatir el acelerado proceso de corrosión del reactor, una antigualla de los años sesenta del siglo pasado. Cuando el accidente de Fukushima estaba en pleno apogeo y el primer ministro japonés tuvo que optar entre evacuar o no evacuar Tokio, lo que dependía de la dirección del viento en las horas del accidente, a nuestro pusilánime Gobierno no se le ocurrió otra gracia que prolongar, con nocturnidad, por 10 años más la vida útil de la central de Cofrentes, otra antigualla del sistema. Y todos conocíamos la propaganda del actual Gobierno para prolongar por otros 10 años la vida de Garoña, anulando el decreto que la obligaba a cerrar en el año 2013.

Pero, afortunadamente, este desparpajo pronuclear de nuestras autoridades no ha podido eludir la realidad de los hechos, que se pueden resumir en tres: Por un lado, las autoridades comunitarias están presionando para que todas las centrales de la Unión Europea tengan determinadas inversiones de mejora, y eso afectaba duramente a Garoña, que se vería obligada no solo a realizar las inversiones perdonadas en el año 2009, sino muchas y costosas inversiones derivadas de Fukushima. Por otro lado, en el pasado agosto se detectaron en la central belga de Doel 3 unas peligrosas fisuras en la vasija, que se debían a fallos estructurales en el procedimiento de fabricación y que son imposibles de reparar. Lo grave del caso es que parece ser que las fisuras estaban allí desde el primer día que el reactor se puso en marcha, pero no se habían detectado hasta ahora por los escasos medios de detección empleados (¡¡¡). Y se da la circunstancia de que ese mismo fabricante holandés que no sabía hacer vasijas sin fisuras era el mismo fabricante de las vasijas de Garoña y Cofrentes…

Por último, la crisis económica obliga al Estado a dejar de subvencionar a las centrales nucleares de la forma tan evidente como se venía haciendo hasta ahora. Y por ello se había filtrado que el Gobierno estaba pensando en obligar a las centrales nucleares a pagar íntegramente el coste de la gestión de los residuos y del desmantelamiento (algo que hasta ahora no hacen), así como a ponerles un nuevo impuesto que compense el privilegio que tienen de producir todo lo que son capaces con la garantía de un precio de venta igual al más caro de las centrales que hayan actuado ese mismo día. Algo que sería imposible en un mercado libre.

Esas tres realidades parecen haber supuesto el fin de Garoña, incapaz de vivir en una atmósfera que no esté sobreprotegida por el Estado, y, para sorpresa de algunos, sus propietarios han decidido tirar la toalla porque no les salían los números. Un alivio.