El alcalde de Mondariz vuelve al juzgado imputado por un delito de lesiones graves

Un año después y sin que se haya recuperado de la condena por desacato a la Guardia Civil —en una bronca de la última jornada de la campaña de las elecciones municipales—, Julio Alén Montes, regidor de Mondariz, está citado para declarar el lunes en un juzgado de Ponteareas como imputado en un presunto delito de lesiones graves. El asunto viene de 2009.

El Ayuntamiento estaba ancheando una pista y el regidor, según el atestado que levantó entonces la Guardia Civil, contrató verbalmente a un experto en paro, Manuel Codeseda Barros, para dirigir una cuadrilla en la deforestación de las orillas. Ninguno de los tres peones que la formaban tenían mayor experiencia y Codeseda hacía las funciones de encargado. Para hacer ese trabajo se había dado de baja en la Seguridad Social. Un pino le cayó encima y le dejó inútil hasta hoy y probablemente para el resto de su vida.

Codeseda no llegó a tener contrato porque, al día siguiente de apalabrar el trabajo, el alcalde se fue a Brasil y dejó el trámite para su vuelta. Cuando regresó, aunque visitó a Codeseda en el hospital, donde convalecía con varias fracturas de columna y otras lesiones, se desentendió del caso. Negó que le hubiera contratado: Codeseda estaba allí recogiendo leña por su cuenta y riesgo, según adujo en el procedimiento laboral, donde se aceptó su versión.

La obra se realizaba de tapadillo con maquinaria de la Diputación que desapareció al día siguiente del accidente y no contaba con permiso de la Xunta ni disponía de las medidas de seguridad indicadas para tales trabajos. Codeseda no llegó a cobrar las pocas jornadas que trabajó para el Ayuntamiento, ni, de baja en la Seguridad Social, nada desde hace tres años. Sobre todo ello tendrá que declarar Alén como imputado en las diligencias previas que instruye el juzgado.

El regidor, por otra parte, evitó comparecer también este año por malversación de fondos públicos en relación con una subvención europea de 49.766 euros para la construcción de unas pistas deportivas. El Ayuntamiento presentó en 2010 un proyecto a ese efecto, pero en lugar de hacer obra nueva, adecentó unas pistas ya existentes, próximas al lugar donde teóricamente se iban a construir las nuevas.

El BNG llevó el asunto al Parlamento, donde chocó con una ardorosa defensa de la actuación municipal por parte del secretario general para el Deporte, José Ramón Lete, que había canalizado la subvención. Lete, sin embargo, dio un giro de 180 grados cuando el asunto fue llevado a la Fiscalía de Pontevedra. Retractándose de todo lo dicho antes, el director general de Deportes suscribió un informe jurídico de la Xunta que destapó todas las trapacerías del regidor —hasta extremos de pura comicidad— y reclamó la devolución de la subvención. Alén la devolvió a la chita callando en marzo, pero la oposición municipal no se enteró hasta agosto.