Informes internos de la Xunta destapan irregularidades en el concurso eólico

Informes internos de la Consellería de Industria del Gobierno gallego han destapado un rosario de irregularidades en la tramitación de los parques eólicos adjudicados por la Xunta en el concurso fallado por el departamento de Javier Guerra durante noviembre de 2010. Técnicos de la Xunta han puesto sus reparos por escrito que aluden a media docena de instalaciones repartidas por toda Galicia donde Industria ha autorizado molinos de viento a distintas empresas en la mayor adjudicación pública de la historia de la Autonomía. La argumentación en todos los reproches de los dictámenes técnicos es similar: que los proyectos de ejecución de estas infraestructuras introducen cambios sobre los planes originales que se presentaron al concurso público.

Un ejemplo: el pasado 26 de diciembre de 2010 el jefe de Servicio de Enerxía de la Xunta remitió un documento de dos páginas a la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas que alude a tres parques eólicos adjudicados a Norvento, la segunda firma que más megavatios obtuvo (303) en el reparto del actual Gobierno, solo por detrás del conglomerado energético Gas Natural Unión Fenosa.

En ese informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el funcionario de la consellería alude a tres parques que la firma gallega tiene previsto desarrollar entre Outes y Negreira (21 megavatios), en Vimianzo (21 megavatios) y en Ponteceso (18 megavatios) y desvela que las líneas de evacuación de la electricidad que figuran en el proyecto de ejecución no coinciden con las que aparecían en la documentación que la empresa presentó al concurso. El funcionario lo advierte con estas palabras: “Norvento presentó unas soluciones de evacuación [en el proyecto que presentó al concurso] y paralelamente junto con otro promotores planteó la solicitud conjunta de acceso a la red de transporte Regoelle a 220 kilovatios, la solución técnica no coincidiría con la presentada [para optar a las adjudicaciones]“.

Tras aludir a esa irregularidad, el funcionario avisa de que de aceptar los cambios que presenta Norvento posteriores a la adjudicación de los megavatios: “La solución adoptada podría modificar sustancialmente la puntuación obtenida en los apartados b) y c) del Anexo III de la orden de 29 de marzo de 2010, así como el proyecto de los parques eólicos preesentado”. Por ello, el jefe de servicio de la Xunta concluye: “Procede ponerlo en conocimiento de esa Dirección Xeral de Industria, Enerxía y Minas y solicitar instrucciones al respecto”.

El documento pone de relieve prácticas que fuentes que conocen cómo se está desarrollando la ejecución de los distintos parques eólicos consideran habituales: empresas que al llevar sobre el terreno los planos que presentaron al concurso introducen variaciones como cambiar las líneas de evacuación o incluso mover de sitio las torres con los aerogeneradores. Las advertencias no han surtido efecto alguno en Industria, que ha decidido tirar hacia delante y continuar la tramitación sin atender a las pegas de sus funcionarios.

Es la última anomalía de un proceso salpicado por la polémica desde el mismo momento en que la Xunta de Feijóo decidió anular el concurso convocado la pasada legislatura por el bipartito. Esa primera decisión adoptada por el PP fue recurrida por algunas de las firmas agraciadas en aquel reparto. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio la razón a estas empresas que ahora se preparan para solicitar indemnizaciones millonarias. La anulación del reparto eólico efectuado por el ala nacionalista del bipartito constituyó uno de los ejes de la campaña del PP hace cuatro años, cuando se comprometió en su programa a anularlo para presentar otro más transparente y que resituase a Galicia como líder en esta energía renovable.

Cuatro años más tarde, el procedimiento sigue encallado: donde la Xunta de Feijóo observó “tachas de legalidad” en el reparto de sus antecesores, los jueces avalaron el reparto del bipartito y mientras tanto el sector sigue paralizado y con nulas perspectivas tras la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de retirar las primas a las energías renovables. Tanto que algunos de los adjudicatarios del último reparto ya han asumido que no llevarán a cabo sus proyectos.