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15 nuevas guarderías peligran por la falta de fondos de los municipios

Los Ayuntamientos tendrán que pagar al menos el 40% de las inversiones

Beatriz Mato, conselleira de Traballo, en la guardería de Mera (Oleiros), ayer.
Beatriz Mato, conselleira de Traballo, en la guardería de Mera (Oleiros), ayer.

Son, según los portavoces de la Consellería de Traballo y Benestar, los 15 municipios “que más necesitan plazas públicas de guardería”, pero la última encomienda para la construcción de otros tantos centros de este tipo, publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia, exige a los apurados alcaldes una colaboración económica con la que no contaban, el 40% de la inversión. Este es la parte del coste de las obras que tendrán que asumir los Ayuntamientos de Boiro, Burela, O Carballiño, Fene, A Laracha, Malpica, Marín, Moaña, Oza-Cesuras, Porto do Son, Redondela, Ribadeo, Verín, Tomiño y Vilagarcía para ver en pie sus escuelas infantiles, todas ellas viejas reivindicaciones de los alcaldes para aliviar las listas de espera en los centros ya existentes. Hasta ahora, lo más común era que los Ayuntamientos cediesen terrenos y pagasen los gastos de mantenimiento de las guarderías dependientes del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pero de la resolución publicada ayer en el DOG se desprende que la Xunta reclamará un esfuerzo mayor a los Ayuntamientos que necesiten estos servicios. La tarifa máxima, según fija el documento, será de 10.000 euros por plaza creada. Sin esta aportación, argumentan los portavoces de la Consellería, “sería imposible construir todas las escuelas del listado”.

 El alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez Barcia, fue uno de los primeros en reaccionar al anuncio. La guardería prometida en su Ayuntamiento tendrá 41 plazas, así que la Xunta podría exigirle hasta un máximo de 410.000 euros por la construcción del centro, una cantidad que teme no poder ofrecer. “Los Ayuntamientos acabamos de hacer unos planes de saneamiento financiero y no nos podemos endeudar para asumir este tipo de circunstancias. Esto es un fraude, fuegos de artificio propios de las fechas preelectorales en las que estamos”, se queja el regidor. El consistorio cedió los terrenos a Benestar hace ya años, en tiempos en que las hoy escuelas infantiles “Galiña Azul” eran las vilipendiadas Galescolas del gobierno bipartito. No sin retraso, el proyecto toma forma ahora dentro del programa Educa3, que financian a medias el Ministerio de Educación, con 5,2 millones de euros, y la Xunta, con 4,8, en virtud de un convenio firmado en diciembre de 2011. Situaciones parecidas reconocen los regidores de Fene, Gurmersindo Galego Feal (PP) y de Tomiño, Sandra González (BNG). El endeudado Ayuntamiento de Vilagarcía, al borde la quiebra y encabezado por un alcalde del PP, Tomás Fole, “estudia la situación”.

Lo que no menciona el texto en ningún momento es la colaboración económica de los ayuntamientos en el pago de las obras, aunque tampoco lo impide. Benestar señala que las cantidades y las partidas requeridas a cada administración pueden variar y que la gerencia del Consorcio “hablará con cada uno de los alcaldes para sacar adelante el programa de la mejor manera posible”. Pero al mismo tiempo, la propia Consellería admite que será imprescindible que los municipios arrimen el hombro, y que si no hay recursos en las arcas municipales “no habrá ningún problema en aplazar un tiempo la construcción”.

El paso adelante en la tramitación de las nuevas guarderías, —que la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, tilda de “electoralista” —es una patada en el estómago para las maltrechas financias de los Ayuntamientos. Según el relato del alcalde de Ribadeo, la gerencia del Consorcio ya le trasladó en una reunión este verano la necesidad de redefinir qué administraciones deben pagar el servicio. “Me mencionó la posibilidad de que el Ministerio financie alrededor del 50% y que los municipios aporten el 40% porque la Xunta no tiene dinero”, recuerda Suárez Barcia. El alcalde lamenta que en tiempos de escasez en los que los Ayuntamientos pierden “hasta los recursos mínimos para sobrevivir”, se les cargue más aún con obligaciones nuevas “que no les competen”. Su homólogo de Fene, en este caso del PP, espera una aclaración de la Xunta por la exigencia “sorpresa” que condicionará la futura guardería. Galego Feal apela incluso a las instalaciones vacías de un antiguo colegio como alternativa a la “Galiña Azul” de la Xunta en caso de que el Ayuntamiento no pueda pagar su parte.

 

“Cuestión administrativa”

DIANA MANDIÁ

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es generoso en cifras y comparaciones cuando habla de Dependencia. “Ahora atendemos a 40.000 personas cuando en 2009, con más dinero, la Xunta atendía a 14.000”, respondió a los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la reunión de su gobierno. Su entusiasmo se suaviza cuando sopesa si los actuales recursos garantizan la atención a todos los que lo necesitan. “Vamos a seguir intentándolo”, admite como toda respuesta.

El empeño en recalcar que la Xunta “trabaja para dar cobertura a más dependientes que en 2009” choca contra los retrasos denunciados por familias en los pagos por cuidados en el hogar, el último el de una madre de A Coruña con niño autista al que no le actualizan la nómina aunque la Consellería de Benestar le ha subido el grado de dependencia porque su estado empeoró desde 2008, año en el que empezó a percibir la ayuda. El departamento de Beatriz Mato achaca la tardanza a una mera cuestión de prioridad, porque la Xunta trata de atender antes a quienes todavía no perciben ninguna pensión. “Es un problema administrativo y hay que revisar el expediente”, zanjó Feijóo.