Una condena por blanqueo amenaza la libertad condicional de Oubiña
El fiscal pretende que el narco vuelva a prisión alegando riesgo de fuga
El mismo tribunal de la Audiencia Nacional que absolvió a Laureano Oubiña a finales de julio del delito de blanqueo de dinero acaba de condenarlo por adquirir bienes con dinero del narcotráfico a una pena de cuatro años siete meses de prisión, multa de 2,2 millones de euros y el decomiso de siete propiedades. El tribunal también condenó a Carmen Daponte y Emilia Cano a tres años y tres meses de cárcel, como presuntos testaferros de Oubiña y su mujer Esther Lago, fallecida en 2001. Sin embargo, absolvió por falta de pruebas a David Pérez Lago, hijo del matrimonio, que cuando se produjeron los hechos tenía 18 años; al suegro de Oubiña, Ramón Lago, y a otros cuatro acusados, entre ellos dos abogados de Madrid.
Según el fallo, el matrimonio Oubiña-Lago planeó “la forma de aflorar y dar apariencia legal a los fondos procedentes de las operaciones de narcotráfico”, divisas que entonces estaban depositadas en el Banco Popular de Melilla. Ambos acordaron la compra de varias parcelas situadas en el entorno del que había sido su domicilio habitual, situado en A Laxe (Vilagarcía) así como la finca Nanín, en Sanxenxo. Como Oubiña se encontraba por aquel entonces en prisión, la sentencia dice que “fue Esther Lago quien llevó a cabo todas las gestiones necesarias” para la compra a través de familiares y allegados.
Para adquirir estas propiedades, Esther Lago creó la sociedad Albion Investiment Spain, “siempre con el consentimiento de su marido”, señala la sentencia, utilizando para comprarlas a las dos mujeres condenadas (a una de ellas la conoció en la cárcel) y que no contaban con ingresos legales para hacer frente a la operación. Esta esperada sentencia que se produce apenas un mes después de que el narco fuese excarcelado en plena celebración del juicio, al obtener el tercer grado penitenciario, podría suponer su vuelta a la prisión en la que estuvo los últimos 11 años cumpliendo tres condenas por tráfico de hachís.
El fiscal del caso, Javier Redondo, confirmó ayer su intención de solicitar al tribunal que le condenó el ingreso en la cárcel de Oubiña para que cumpla la mitad de la condena, dado sus antecedentes penales y valorando el alto riesgo de fuga existente. El fiscal jefe, José Ramón Noreña, ya había adelantado la intención de la Fiscalía Antidroga de pedir medidas cautelares para Oubiña si era condenado a más de cuatro años en los dos procesos por blanqueo que tenía pendientes.
La posición de la fiscalía es que el acusado ingrese en prisión antes de que el Supremo eleve a firme la sentencia, contando con que Oubiña la recurra. En circunstancias normales, y dados sus antecedentes, Oubiña cumpliría la condena íntegramente, pero una vez que se haya pronunciado el alto tribunal en un plazo no inferior a dos años. De cumplirse las previsiones del Ministerio Fiscal, Oubiña se convertiría en el primer narco gallego al que se le aplican tales medidas preventivas debido a su pasado, ya que en 1999 huyó durante más de un año y se refugió en Grecia antes de que se hiciese pública su primera condena por narcotráfico.
Noreña cree que hay que sopesar todas las circunstancias, incluso la posibilidad de que Oubiña pudiera ganar en casación si recurre al Supremo, en el supuesto de que la sentencia sea condenatoria, valoraciones que se detallarán en un informe técnico jurídico de la fiscalía, aunque la última palabra la tiene el tribunal que le condenó. Es la primera condena por blanqueo de Oubiña, ya que en el juicio en el que fue decomisado el pazo Baión el fiscal retiró la acusación porque no figuraba como propietario. Finalmente se acreditó que varios familiares eran testaferros de su fallecida mujer, accionista de las empresas panameñas dueñas del inmueble.
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