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Pagar por recibir ayudas sociales

La Seu d’Urgell obligará a hacer una hora de trabajo por cada 15 euros que perciban del Consistorio

La oposición considera la medida un atentado a la dignidad

Una voluntaria pasea perros de la perrera municipal de Barcelona.
Una voluntaria pasea perros de la perrera municipal de Barcelona.

El Ayuntamiento de La Seu d’Urgell (Alt Urgell, Lleida), gobernado por el convergente Albert Batalla, obligará a partir de octubre a realizar tareas para la comunidad a los usuarios habituales de los servicios sociales para “evitar la dependencia crónica de las ayudas públicas”. La medida, pionera en Cataluña, afectará a todas aquellas personas que en la actualidad reciben algún tipo de ayuda para cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación y el pago de facturas de la vivienda: como agua o luz.

La noticia ha cogido por sorpresa a muchos beneficiarios que ven que aún se complica más su ya precaria situación económica. Nayeli, nombre ficticio de una mujer asiática de 43 años que prefiere guardar su anonimato, cobra la renta mínima de inserción social o RMI, que ronda los 450 euros. Es viuda y tiene a su cargo dos hijos, de 15 y 21 años. El importe de esta ayuda no le permite llegar a final de mes. Por eso, también necesita acudir al amparo de los servicios sociales del Ayuntamiento de La Seu d’Urgell, donde vive desde hace 10 años.

Si el beneficiario no puede pagar, debe hacerlo alguien de su núcleo familiar

En el caso de esta mujer, la situación se ve agravada porque su delicado estado de salud —tiene una dolencia lumbar— le impide realizar cualquier trabajo físico. “No puedo ni levantar dos envases de leche”, afirma. Por esta razón, su preocupación aumenta al ver que no podrá realizar trabajos que signifiquen un esfuerzo adicional. Las personas con discapacidad, como es su caso, estarán exentas de realizar las tareas sociales previa presentación de un certificado médico. Sin embargo, este privilegio no es un consuelo para Nayeli, ya que alguien del núcleo familiar tendrá que asumir el trabajo. “Solo tengo a mis hijos y no quiero que ellos tengan que hacer determinadas tareas públicas para poder comer”, añade. Los que no hagan los trabajos serán sancionados con la pérdida total de la prestación.

Ramon, otro usuario habitual de los servicios sociales de La Seu que lleva tres años en el paro, ve con buenos ojos la medida. “Así podemos devolver a la sociedad lo que nos está dando”, opina.

La teniente de alcalde de Atención a las Personas, Anna Vives, afirmó ayer que el objetivo del proyecto es “potenciar la autonomía de las personas” y “prevenir las dependencias de los servicios sociales”. “Nada es a cambio de nada”, aseveró Vives, quien cuantificó en 300 las personas que se verán afectadas por la nueva medida. La concejal también defendió que el nuevo programa será un filtro de necesidades sociales reales y, según su criterio, “aumentará el nivel de autoestima y responsabilidad del usuario”.

Diez Ayuntamientos se interesan por la medida que entra en vigor en octubre

El alcalde de La Seu d’Urgell y presidente del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, Albert Batalla (CiU), avala también este giro en las políticas sociales de Cataluña. “Es una innovación de los servicios sociales que supondrá un equilibrio entre los derechos y los deberes de los usuarios”, explicó. El edil apuntó que el proyecto cuenta con el aval del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM).

Por cada 15 euros recibidos, los beneficiarios tendrán que trabajar una hora. El Consorcio está todavía elaborando un catálogo de tareas que realizar. Vives adelantó que serán los Ayuntamientos de la comarca los que las propondrán y estas podrían consistir en colaborar con las brigadas municipales de limpieza o jardinería, organizar el material en las bibliotecas, acompañar a personas en el transporte adaptado o ayudar en las perreras municipales. Vives remarcó que este tipo de voluntariado no ocupará un lugar de trabajo, una afirmación que no comparte la oposición socialista del Consistorio, que también considera que la medida es “un castigo para la gente que no solo tiene problemas económicos, sino también psicológicos”.

“Es un atentado a la dignidad de las personas propia de la extrema derecha”, aseguró el portavoz del grupo municipal PSC- Progrés, Òscar Ordeig. El edil advierte que la medida puede romper la cohesión social de la ciudad. “Una ciudad como La Seu, donde todos nos conocemos, no puede señalar con el dedo a las familias con dificultades, sino que se les debe ayudar con discreción, dedicación y eficacia para mejorar su situación”, declaró. “Los servicios sociales y el sistema de ayudas establecido forman parte de los derechos de los ciudadanos de un país democrático y avanzado como el nuestro”, añadió Ordeig.

Desde el Consistorio aseguran que una decena de Ayuntamientos de toda Cataluña de distintos colores políticos se han interesado por las características de esta controvertida propuesta.