Fomento no indemnizará al Consell por las obras sin permiso en Aerocas

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la sociedad pública Aeropuerto de Castellón, SL, (Aerocas) contra la paralización de las obras ordenada por el Ministerio de Fomento en 2005 y por la que reclamaba que la Administración central se hiciera cargo de los 18,14 millones de euros que pagó a la ahora exconcesionaria de las obras en concepto de daños por la citada paralización. La sentencia, firmada en junio de este año, condena además a la empresa pública a hacerse cargo de los costes judiciales.

El fallo del Supremo concluye que las obras se iniciaron antes de contar con la aprobación definitiva del Ministerio, que tenía la “competencia exclusiva para aprobar el proyecto constructivo del aeropuerto”, en contra de lo mantenido por Aerocas. La decisión supone que finalmente la Generalitat deberá asumir ese pago que, aunque ya hizo efectivo en diciembre de 2006, lo hizo mediante un crédito bancario de 18,5 millones de euros a devolver con un tipo de interés del Euribor +0,03% y que vence en el año 2027.

El presidente de la sociedad, Carlos Fabra, confió en obtener ese dinero por la vía judicial e inició una batalla legal para que el ministerio reintegrara el coste de la indemnización. La cifra de los 18,14 millones fue exigida por adjudicataria de las obras y aceptada por Aerocas mediante un informe que concluyó que esta reclamación era “coherente con los parámetros del mercado”. El mismo informe indicó también “la imposibilidad de verificar contablemente el importe reclamado y la posible no adecuación a la realidad”.

Las obras se paralizaron durante unos cinco meses: de octubre de 2005 a febrero del año siguiente, cuando finalmente se aprobó el proyecto para construir la infraestructura. Sólo un mes después, el consejo de administración de Aerocas aceptó pagar los 18,14 millones reclamados.

El aeropuerto de Castellón ha gastado 35 millones en publicidad

El Ministerio de Fomento dictó una orden de suspensión de las obras del aeropuerto en octubre de 2005 tras una denuncia del grupo ecologista Gecen que advertía de que se habían iniciado sin autorización previa. Tanto el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, como el director general, Juan García Salas, sostuvieron que la paralización era indebida puesto que daban por válido el visto bueno recibido mediante una orden ministerial de 2002 así como por el plan especial aprobado por la Consejería de Obras Públicas en julio de 2001. En su demanda, la sociedad alegaba que era la Generalitat quien tenía la potestad de parar o no las obras.

Pero el Supremo rebate estos argumentos. “La lectura de la orden desmiente, sin más, que en ella se hubiera aprobado el proyecto de construcción del aeropuerto, si es cierto que autorizaba la construcción, no lo es menos que contenía una específica previsión a tenor de la cual el Ministerio de Fomento debía, de modo singular, aprobar ulteriormente el proyecto constructivo, lo que significa en buena lógica que la orden no lo hacía”.

En cuanto a la competencia de la Comunidad Valenciana, el magistrado ponente del Supremo concluye que es el ministerio quien tiene la facultad de paralizar la construcción de un aeropuerto de interés general “que simplemente no se atiene a un todavía no aprobado proyecto”.

El aeropuerto de Castellón fue inaugurado en marzo del pasado año y desde entonces no ha recibido ni un solo avión. Desde Aerocas aún se trabaja para conseguir los permisos necesarios para que comience a operar. Pese a esta inactividad, el desembolso de dinero público no cesa. La sociedad pública volvió a destinar más de cinco millones de euros a gastos en publicidad, patrocinio y relaciones públicas para promocionar la instalación a lo largo del pasado año, tal y como reflejan las cuentas de la Generalitat. Este gasto en publicidad se suma a los treinta ya gastados desde que comenzaron las obras del aeropuerto y que han sido estimados en los informes de la Sindicatura de Cuentas. En total, la empresa pública tuvo en 2011 unos gastos de explotación de 6,4 millones, de los que cinco fueron para conceptos publicitarios.