“Para salvar vidas se perderá un importante patrimonio forestal”

El incendio que la semana pasada arrasó alrededor de 1.200 hectáreas en Robledo de Chavela y Valdemaqueda, con viviendas construidas hace décadas al libre albedrío, en zonas de difícil acceso para desesperación de los bomberos y retenes forestales, ha abierto un frente inesperado para el Gobierno regional. Con el ejemplo de la sierra oeste de Madrid todavía candente, los partidos de la oposición y otras instituciones entienden que la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que a falta de ser aprobada permitirá construir a partir de más de seis hectáreas en suelo rural que no esté protegido ambientalmente, multiplica el peligro de siniestros similares en el futuro.

“Además de aumentar exponencialmente el riesgo de incendios forestales en la interfaz urbano-forestal que se crease, introduce de forma masiva el riesgo sobre las personas que dificulta y limita extraordinariamente los trabajos de extinción”, recoge el colegio de Ingenieros de Montes en sus alegaciones a la normativa. Dentro del mismo Ejecutivo de la Comunidad de Madrid empiezan a proliferar quienes comparten la tesis.

“Hay que tener en cuenta que cuando se extingue un incendio forestal se lleva a cabo con arreglo a prioridades, la primera de las cuales es salvar vidas humanas. A tal fin se tienen localizados los núcleos habitados, que se incrementarán de tal modo si se aprueba este proyecto de Ley que la actuación de extinción con estas viviendas dispersas por el monte se hará verdaderamente complicada. Con toda certeza, para salvar vidas humanas se perderá un importante patrimonio forestal”, insiste el documento, firmado por el decano del colegio de ingenieros, Carlos del Álamo a fecha 21 de junio. “Entiendo que cuando se conceda la licencia pertinente estará prevista la conservación del entorno, incluido el riesgo de incendio, en el informe técnico pertinente”, apuntaba ayer Del Álamo.

“Quien más cuida el monte es quien más vive en él. Además, ¿por qué se da por supuesto que el acceso a estas residencias sería más difícil?”, replican desde la consejería de Medio Ambiente. Su titular, Ana Isabel Mariño, aseguró en el pleno monográfico de la Asamblea de Madrid del pasado 25 de julio que la nueva ley servirá “para detectar acciones ilegales y prevenir los incendios forestales”. “Un factor clave para la detección temprana de los incendios, como para extinguirlos y evitar su propagación es la presencia urbana. Esta ley recoge el espíritu de estas recomendaciones”, argumentó entonces Mariño. “Y unos huevos, la dispersión de casas por el monte nos lo va a poner muy feo... Aquí la gente no tiene la cultura del campo que en el Norte, a ver cuántos urbanitas van a limpiar los rastrojos y los restos que provoquen”, reflexiona un bombero que ha participado en las tareas de extinción de Robledo y Valdemaqueda. “Resulta ciertamente iluso pensar que por permitir el uso residencial del monte el residente va convertirse en un agente activo de su cuidado”, es el pensamiento de los ingenieros de montes.

“Es un disparate que supondrá un coste para la prevención altísimo... ¡Pero si va en contra de la Ley de Montes estatal”, critica el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. “Cuanto más dispersas las construcciones, mayor peligro de no atajar los incendios”, apostilla Carmen Villares, diputada de IU. “Un rescate en viviendas dispersas hace imposible seguir el protocolo de los retenes de extinción de incendios”, zanja Gabriel López, de UPyD.