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el parlamento investiga los ere

Aguayo defiende la “transparencia” del fondo de Empleo

La consejera de Hacienda relativiza las “certezas” de la Intervención General

Javier Martín-Arroyo
Martínez Aguayo, con los diputados populares de la comisión de investigación.
Martínez Aguayo, con los diputados populares de la comisión de investigación. juan ferreras (efe)

Defensa cerrada en un tenso interrogatorio. La consejera de Hacienda de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, ha defendido este miércoles la aprobación del fondo para empresas en crisis durante una década, pese a las deficiencias detectadas por la Intervención General. “El presupuesto ha sido una partida transparente. Los efectos han sido por la concreta acción de un centro directivo", en referencia a la Consejería de Empleo. Aguayo ha respondido a los ataques de los diputados del PP e IU, que censuraron la inacción de Hacienda ante los avisos de los interventores enviados a su departamento además de a Empleo e Innovación.

En sus críticas, la diputada Alba Doblas (IU) ha utilizado el símil expuesto el pasado martes por el ex interventor general Manuel Gómez sobre cómo salían llamas de la Consejería de Empleo, y pese a los avisos del vecino (la Intervención General), sus llamadas de atención no obtuvieron respuesta y por tanto la Junta no reaccionó: “Ustedes dejaron que se quemara la casa porque alegaban que no pertenecían al cuerpo de bomberos”, recriminó la diputada a la consejera.

Aguayo ha replicado que, según el reglamento, no podía hacer nada más de lo que hizo: “El órgano de los informes de la Intervención era Empleo. No tenemos capacidad de actuación porque legalmente no la tenemos conferida”. La diputada de IU le ha recriminado que Hacienda aumentara el crédito del polémico fondo desde los cinco millones antes de 2001 hasta los 109 millones en 2005, hasta constituir el 27% de la partida destinada a la Consejería de Empleo.

Aguayo ha defendido la partida 31L y llegó a calificar de “espectacular” su resultado por la ayuda que ha representado para más de 6.000 familias andaluzas. “Ante los avisos de la Intervención, ¿no habría merecido un seguimiento especial?”, le ha interrogado Doblas. “En ningún caso (…) Hacienda no tenía obligación de hacer nada ante las advertencias”, replicó Aguayo. “Ni de los informes se deriva acción concreta, ni se requirió acción específica, ni la ley le atribuye esta competencia a la Consejería de Hacienda”, añadió.

A continuación, Aguayo ha intentado quitar hierro a los argumentos del ex interventor general, Manuel Gómez, muy crítico con las recomendaciones emitidas para que cambiara el sistema de ayudas. “Puedo entender la insatisfacción de Gómez porque no se hubiera detectado cualquier fraude (…) pero los criterios de la Intervención no cuentan con presunción de certeza, basándonos en el Derecho comparado”, ha argumentado.

Aguayo se ha apoyado en el hecho de que la Intervención no emitiera el informe de actuación, que habría alertado del menoscabo de fondos públicos. Ante las evasivas de la consejera, el diputado del PP Rafael Carmona le acusó de evadir sus responsabilidades: “Nadie tiene competencia en nada (…) o sufre amnesia o falta a la verdad”, ha censurado cuando le recordó que fue miembro del comité rector de la agencia Idea. En su interrogatorio, Carmona ha tildado a Aguayo de “archivera” de los informes de la Intervención: “Ni se los leía ni los trasladaba al consejero sino que los colocaba en una estantería para que quedaran bonitos”, ha ironizado.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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