Aguayo defiende la “transparencia” del fondo pese a las irregularidades
La consejera de Hacienda relativiza las “certezas” expresadas por la Intervención General sobre la Consejería de Empleo
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha defendido la aprobación del fondo para empresas en crisis por parte de su departamento durante una década pese a las deficiencias detectadas por la Intervención General. “El presupuesto ha sido una partida transparente. Los efectos han sido por la concreta acción de un centro directivo [en referencia a la consejería de Empleo]”. Aguayo ha respondido a los ataques de la diputada Alba Doblas (IU), quien ha censurado la inacción de Hacienda ante los avisos de los interventores. La consejera es la primera compareciente en la comisión parlamentaria sobre los ERE prevista para este miércoles.
Doblas ha utilizado el símil expuesto este martes por el ex interventor general Manuel Gómez sobre cómo salían llamas de la cocina de la Consejería de Empleo tras los avisos del vecino (la Intervención General) y pese a las llamadas de atención no se reaccionó: “Ustedes dejaron que se quemara la casa porque alegaban que no pertenecían al cuerpo de bomberos”. Aguayo ha replicado basándose en el reglamento: “El órgano de los informes de la Intervención era Empleo. No tenemos capacidad de actuación porque legalmente no la tenemos conferida”. La diputada de Izquierda Unida le ha recriminado que Hacienda aumentara el crédito del polémico fondo desde los cinco millones antes de 2001 hasta los 109 millones en 2005, “un 2.200% de aumento” hasta constituir el 27% de la partida destinada a la Consejería de Empleo.
Aguayo ha defendido la partida 31L hasta calificar de “espectacular” sus resultados por las ayudas que han representado para más de 6.000 familias andaluzas. “Ante los avisos de la Intervención, ¿habría merecido un seguimiento especial?”, le ha preguntado Doblas. “En ningún caso”, ha contestado Aguayo. “Puedo entender la insatisfacción de Gómez porque no se hubiera detectado cualquier fraude (…) pero los criterios de la Intervención no cuentan con presunción de certeza, basándonos en el Derecho comparado”, argumentó.
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