Galicia pierde más de 4.300 trabajos por el recorte en políticas de empleo

La mañana de marzo en que el Gobierno recetó la fórmula para el equilibrio a base de tijeretazos, los 1.557 millones de euros que ya no se dedicarían a “políticas activas de empleo” se deslizaron entre la maraña sin apenas ruido. De aquella partida, Galicia renunció sin reproches a 140 millones, parte de los cuales financian programas para la inserción laboral en entidades locales y diversas instituciones. El de 2011 benefició a 6.867 personas, que en su mayoría trabajaron durante nueve meses a jornada completa. Este año, con contratos a tiempo parcial que apenas arañan los seis meses, la cifra no alcanza los 2.500 empleos. El resto, camuflado entre las estadísticas de la EPA, sirve a los objetivos de déficit. Hubo que ajustarse el cinturón y se asfixiaron los de siempre.

Se reducen los empleos, el tipo de jornada y el

Los planes de cooperación encandilan a propios y extraños. Dentro del del programa europeo Adaptabilidad y empleo, se llevan de la cola del paro a “colectivos con especiales dificultades” y facilitan a municipios, organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro la prestación de servicios adecuados a su entorno. Mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, menores de 30 y discapacitados constituyen el foco de atención, y las entidades locales reciben la mayor partida. A mediados de marzo, cuando se convocaron las ayudas, nadie faltó al convite. Más de 330 instituciones municipales se arremolinaron en torno a unos 45 millones de euros que se repartirían en función de la tasa de desempleo de cada localidad y de su evolución entre 2007 y 2011. Para otras entidades se reservaron 20 millones. Pero la fiesta duró lo que tardaron en llegar los Presupuestos Generales del Estado.

La Xunta cambió las condiciones con las solicitudes ya formuladas

“Me aseguraron que me concederían, como poco, seis trabajadores a jornada completa y acabé con subvención para uno, a media jornada y durante seis meses”. El relato de Celso Fernández, alcalde de Maside, delinea las constantes del proceso en la mayor parte de las localidades. Con las directrices de la Xunta bajo el brazo, en el plazo de un mes elaboraron sus planes de empleo con la promesa de que, en el peor de los casos, recibirían ayudas para dos trabajadores. Avanzada la primavera, la Xunta prometió 5.100 empleos y los solicitantes comenzaron a echar cuentas. Eran casi 2.000 menos que en 2011, pero suficientes para hacer planes. Hacia el verano se les fueron al traste.

Tras la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del 24 de mayo, del plan de cooperación solo quedó el nombre. Las entidades locales tendrían que apañárselas con 12 millones. En una escueta orden del Diario Oficial de Galicia, el 13 de junio la Xunta adelgazó el plan de empleo un 70% para ajustarse a la “política presupuestaria”. En “coherencia con los principios” de la misma, cambió las reglas del juego cuando los participantes ya habían enseñado sus cartas. No hubo posibilidad de adaptar las solicitudes a las nuevas condiciones. De todos modos, solo algunas se especificaban en el documento. La mayoría de los asteriscos se reveló sobre la marcha.

En nombre de los regidores —aunque no de acuerdo con todos ellos— la Fegamp reclamó una modificación “de forma y de fondo” en la redistribución de las ayudas. La forma implicaba favorecer a los municipios con Grumir (Grupos Municipales de Intervención Rápida), socorristas y Protección Civil. El fondo olvidó los fines del plan de cooperación. Ya que habría menos personal, los regidores querían profesionales curtidos en la materia y pidieron renovar las plantillas de otros años. Y la Xunta accedió. El método de asignación directa, reservado solo a víctimas de violencia de género y personas en riesgo de exclusión, permitió favorecer también a trabajadores subvencionados en años anteriores. De este modo, los 59 Ayuntamientos gallegos que cuentan con Grumir pasaron al principio de la lista con brigadas de 12 empleados escogidos “a dedo”. Parados de larga duración, mujeres y colectivos en riesgo de exclusión se cayeron de las prioridades.

De las negociaciones también prosperó el compromiso de sufragar al menos un trabajador por municipio a mayores de los Grumir, pero la realidad desautorizó el apretón de manos. En el municipio lucense de Becerreá aún esperan el suyo. De hecho, aunque la Xunta incluye al Grumir en la cuenta para insistir en que “todos” los Ayuntamientos recibieron subvención, a Bembrive (Vigo) no llegó ni un céntimo. En la Consellería les explicaron que este año las entidades locales menores se quedan sin ayudas, aunque la atrevida convocatoria insinuase lo contrario.

Se permitió la contratación “a dedo” de personal de años anteriores

Resueltas las concesiones, unas 300 historias relatan casi el mismo cuento. La del Ayuntamiento de Ourense, que aglutina alrededor del 40% de los parados de la provincia, cuenta que tendrá que afrontar con 42.000 euros y cinco empleados el trabajo que en 2011 desarrolló con 50 trabajadores y 645.000 euros. En O Barco, este año habían solicitado 40 trabajadores con la esperanza de incrementar los 28 del pasado año. Recibieron 28.455 euros para pagar a cuatro. Ahora asumen los costes de la guardería, tratan de cuadrar el círculo para mantener la ludoteca y rehúsan hacer planes de futuro. Y sobre un escenario con olor a mar, en Oleiros aún no se explican por qué se privilegiaron las ayudas para socorristas si los trámites para contratarlos no se formalizaron hasta finales de agosto. “Si no los tienes a principios de verano, luego no los necesitas”, observa el alcalde, que paga con fondos de cooperación a tres trabajadores de los 46 a los que aspiraba.

Para completar el entuerto, la naturaleza de la financiación también levanta suspicacias. Fuentes del PsdeG recuerdan que la Xunta ha retirado los fondos propios para estas subvenciones en los dos últimos ejercicios y, con los presupuestos en la mano, creen que los 12 millones para cooperación local solo pudieron salir de un trasvase desde los fondos de formación. La Estrategia Española de Empleo 2012-2014 prohíbe expresamente dicha práctica.

Fuentes del PsdeG apuntan al

Aferrados a las misivas que les anunciaron su suerte, los Ayuntamientos se mecen entre la ira y la resignación. En el grupo de los primeros, alcaldes socialistas y nacionalistas se quejan de la falta de transparencia; mientras que los segundos, en su mayoría del PP, asumen que “las circunstancias son las que son”. También en la Fegamp se adhieren al discurso. “Podría haber sido peor”, afirman, y relativizan el impacto del tijeretazo porque se trataba de un “dinero caído del cielo” que “se pedía para todo”. Lo cierto es que unos y otros se duelen más de los servicios que pierden que de los empleos que dejan de generar.

Mientras, a la lista de 4.387 nombres que ya se arrugó con los recortes, solo le queda seguir ensayando su firma en la revista del paro mientras espera poder hacerlo en un contrato.