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Así se desmantelará Ràdio Televisió Valenciana

El ERE deja a salvo a cargos públicos en situación de excedencia forzosa, aunque la ley no lo prevé

Una de las beneficiarias de esa decisión será la jefa de prensa del presidente Alberto Fabra

José López Jaraba, director de RTVV, en el momento de abandonar el consejo de administración que aprobó 1.198 despidos.
José López Jaraba, director de RTVV, en el momento de abandonar el consejo de administración que aprobó 1.198 despidos.

La aprobación del drástico expediente de regulación de empleo (ERE) por parte del consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana, en la madrugada del martes al miércoles, supone el despido de 1.198 personas que se producirá de forma progresiva. La primera “comunicación de despidos” llegará el 15 de septiembre, pero el proceso se alargará durante meses. El límite fijado por la corporación para completar el ERE es agosto del año que viene. Para entonces la plantilla debe haber quedado reducida a 480 empleados.

La razón de que la aplicación de los despidos sea escalonada es que el nuevo modelo organizativo de la corporación, inspirado en un estudio de la consultora PwC, contempla la privatización de prácticamente toda la programación a excepción de la considerada de servicio público. Y poner en marcha el nuevo modelo llevará tiempo. A la vista de los muy severos recortes de plantilla que sufrirán casi todos los departamentos, de la externalización podrían acabar librándose solo los informativos.

Ello no significa que los periodistas del ente queden a salvo del ajuste. Unos 230 serán despedidos, según los cálculos realizados por este diario sobre la base de la documentación entregada por la dirección a los miembros del consejo de administración.

El ERE desmantelará algunos departamentos de forma casi completa, reduciéndolos a poco más de un responsable —que en el lenguaje interno se llama coordinador— y un pequeño equipo de apoyo encargado de recibir, supervisar y emitir los programas adquiridos por el ente a productoras externas. La Generalitat espera ahorrar con los despidos entre 40 y 42 millones de euros al año. Ello explica que los sindicatos hayan denunciado que mientras 1.198 trabajadores serán despedidos, mantendrán sus cargos los 118 directivos con los que cuenta ahora.

La documentación utilizada por el consejo de administración para decidir sobre el ERE indica, sin embargo, que en torno a 35 personas, entre responsables, jefes de unidad, jefes de sección y directores de departamento también abandonarán la corporación.

La propuesta final aprobada por RTVV protege del ERE a 13 personas “con funciones sindicales y en situación de excedencia forzosa”, como los cargos públicos, a pesar de que la ley no establece que estos deban quedar a salvo, de entrada, en caso de despido colectivo.

Los expertos en derecho laboral consultados señalaron que ni la excedencia forzosa —aquella que se produce, por ejemplo, cuando alguien es elegido para un cargo y el nombramiento aparece en un diario oficial— ni la dedicación a labores sindicales —como la de los miembros del comité de empresa— blindan legalmente en caso de ERE. Quienes desarrollan una función de representación de los trabajadores tienen lo que se llama un derecho de preferencia frente al resto. Pero si, por ejemplo, todos los puestos de trabajo de su categoría son suprimidos (o quedan menos puestos disponibles que representantes hay) también pueden resultar afectados.

En el caso de los excedentes forzosos, en cambio, no existe dicha previsión. Mantenerlos al margen del ERE es, aseguraron los juristas, una decisión de la empresa. Si bien, matizaron, ello no la convierte necesariamente en discriminatoria a efectos legales, como sí lo sería, en un ejemplo elemental, que la corporación dejara al margen del despido colectivo a los hombres o las mujeres por el hecho de serlo.

Una de las personas que se beneficiará de esa decisión de RTVV, según confirmaron varias fuentes del consejo de administración del ente y sindicales, será la secretaria autonómica de comunicación de la Generalitat, Paula Meseguer, que se encarga de las tareas de prensa del presidente valenciano, Alberto Fabra.

La propuesta definitiva de despidos incluye otra previsión llamativa para los expertos en derecho laboral. Entre los criterios que se tendrán en cuenta, en este caso de forma negativa, para que alguien sea incluido en el ERE figura “haber tenido periodos de excedencia voluntaria o de permisos sin sueldo durante toda la vida laboral del trabajador”. Es decir, la excedencia forzosa blinda frente al ERE, mientras que la excedencia voluntaria o el permiso sin sueldo penalizan. Fuentes sindicales consideraron que ambas decisiones respondían a “intereses ocultos”, y que en el caso de la excedencia voluntaria contravenía el convenio colectivo, que establece que haberla solicitado no tendrá consecuencias negativas para la carrera profesional.

Fuentes sindicales y del consejo de administración sostuvieron que, como consecuencia del primer criterio para designar a los afectados por el ERE, que es el puesto que efectivamente está desempeñando el trabajador, tanto en Canal 9 como en Ràdio 9 se están produciendo en las últimas semanas cambios de personal.

La dirección introdujo algunas mejoras en la reunión del consejo de administración que aprobó el ERE. Una de ellas es un complemento de 400 euros que recibirán durante seis meses los afectados que tengan entre 45 y 62 años. La segunda es la creación de una bolsa de trabajo, a la que podrán apuntarse quienes pierdan su empleo por si RTVV necesita sus servicios.

Los directivos y el comité de empresa expusieron ayer sus informes ante la inspección de trabajo. Hasta la última reforma laboral, la inspección podía tirar atrás un ERE, pero su dictamen ha dejado de ser vinculante. Su contenido podrá servir de argumento, sin embargo, en sede judicial. Allí es dónde las centrales opuestas al ERE, CC OO, Intersindical y UGT, van a llevar el conflicto. Según sus cálculos, podría haber un fallo judicial hacia finales de año. Para entonces también se habrán materializado buena parte de los despidos.

El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, afirmó que el mal trago de aprobar el ERE se enmarcaba en las medidas “destinadas a poder salir de la crisis lo antes posible y sobre todo a tener una sostenibilidad”. Los socialistas, Compromís y EU volvieron a acusar al PP de ser responsable de la defunción de RTVV.

 

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