Alicante pagará 600.000 euros a los afectados por un plan parcial
La reparcelación de la Fábrica de Sacos forzó el traslado de una empresa hace siete años
El Ayuntamiento de Alicante, que preside Sonia Castedo, del PP, tendrá que indemnizar con 596.576,88 euros a una mercantil y a una particular (propietaria del suelo) que recurrieron un acuerdo de reparcelación del plan parcial Fábrica de Sacos.
El fallo, confirmado el pasado 10 de mayo por la Sección Segunda de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), estima parcialmente el recurso interpuesto por la firma Calorflex (arrendatario) y a la propietaria del suelo sobre el que esta industria se encontraba contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición presentado contra un acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en 2005 en el que se aprobaba definitivamente el proceso de reparcelación. Los promotores del recurso solicitaban una indemnización de más de 240.000 euros para la propietaria del suelo y algo más de 9,1 millones de euros para la empresa que tenía que ser trasladada debido a la reparcelación aprobada, cifra que basaba, entre otros en la pérdida de ventas anuales y en los gastos de personal. El juzgado no ha aceptado este argumento.
Decisión de 2005
La decisión del equipo de Gobierno se tomó en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante el 18 de julio de 2005, es decir hace poco más de siete años. En la citada reunión se aprobó el proyecto de reparcelación del Polígono I del Plan Parcial Fábrica de sacos. El recurso posterior, ante el juzgado de Lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, se presentó en el año 2006 y reclamaba la nulidad de “todos y cada uno” de los actos administrativos recurridos y acordados en la citada Junta de Gobierno Local. En aquel momento era responsable del área de Urbanismo la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.
En el recurso también se reclamaba la mencionada indemnización que fue desestimada por excesiva en el fallo del tribunal, dictado dos años después (2008). El juzgado revisó la indemnización que el Consistorio alicantino ofrecía al considerar que no se valoraban los gastos del traslado de la industria y la elevó hasta los casi 600.000 euros que han quedado finalmente fijados y a los que el Ayuntamiento que preside Sonia Castedo tendrá que hacer frente.
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