El exdelegado de Empleo alega su falta de competencias para tramitar los ERE

Nuevo silencio en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre los ERE fraudulentos. El exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas ha rechazado responder esta mañana las preguntas de los diputados de la comisión, que le han inquirido sobre su papel desempeñado en la tramitación de expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta. Rivas, imputado en el caso judicial, leyó un breve comunicado y solo puntualizó un par de preguntas en una breve comparecencia de 45 minutos.

“No tenía competencias ni en pólizas, ni en ayudas sociolaborales, ni en ayudas a empresas. Todos los ERE fueron legales”, manifestó Rivas. El exdelegado defendió que la tramitación de los ERE incluyó a todos los trabajadores de cada empresa, al margen de que luego se autorizaran pólizas individuales que fueron agrupadas junto a las de empresas ajenas, para así poder proceder al pago por parte de las aseguradoras.

Tras las preguntas formuladas por IU y PP (el PSOE las entregó a la presidencia por escrito), Rivas aclaró que él paga su abogado de su bolsillo y no el PSOE, después de las dudas suscitadas por una pregunta del PP. Asimismo puntualizó que cuando la agrupación de Camas (Sevilla) compró su sede, él no era secretario general de la agrupación. Esta compra está siendo investigada porque uno de los intrusos (prejubilado ajeno a las empresas beneficiadas) donó supuestamente la sede al partido socialista.

Ante las preguntas formuladas por el parlamentario del PP Rafael Carmona, la portavoz del grupo socialista, Antonia Moro, formuló diversas quejas a la presidencia debido a que estas contenían insinuaciones sobre los vínculos de Rivas con el PSOE y si el partido le abonaba los honorarios de su abogado. El presidente mostró su desacuerdo con Moro y permitió seguir al interrogatorio.

Rivas rechazó que conociera la inclusión de dos familiares como falsos prejubilados, y para ello mencionó que la fiscalía había determinado que la relación de parentesco no es un condicionante que implique el conocimiento de hechos delictivos por parte de familiares.

Esta tarde, el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, ha comparecido en el Parlamento ante la comisión de investigación sobre los ERE fraudulentos. Guerrero es el único imputado que permanece en prisión preventiva junto a su exchófer, Juan Francisco Trujillo, al no haber podido reunir los 250.000 euros que la Audiencia de Sevilla le impuso como fianza.