RTVV entierra un modelo televisivo con el despido de 1.198 trabajadores

Ràdio Televisió Valenciana ha enterrado una época con la aplicación de un masivo expediente de regulación de empleo. El consejo de administración del ente público ha aprobado de madrugada (sobre las dos de hoy miércoles), con los votos de los representantes elegidos a propuesta del PP —seis de un total de once—, el despido de dos terceras partes de los empleados, 1.198 personas, con una indemnización de 20 días por año trabajado. Los consejeros nombrados en representación del PSPV, Compromís y EU se han opuesto. 

En la calle, decenas de empleados convocados por el comité de empresa han protestado contra la medida, y acusan a los directivos de la corporación y a la Generalitat de hacer pagar a los trabajadores sus errores y desmanes, algunos de los cuales investiga la justicia.

Los consejeros de RTVV y el director general del ente público abandonaron la sede del consejo de madrugada, en coche, entre una lluvia de huevos y otros objetos. Dos centenares de trabajadores de permanecieron apostados ante la sede del consejo desde última hora de la tarde hasta la 1.30 de madrugada del miércoles.

Se trata del mayor despido colectivo puesto en marcha por la Generalitat. La ola de ajustes en el empleo afectará, sin embargo, a todo su sector público empresarial. El nivel de endeudamiento —el segundo mayor entre las autonomías en valores absolutos y respecto al PIB— y la dificultad para cumplir los compromisos de déficit a los que se ha comprometido, está llevando a la Generalitat a tomar medidas excepcionales.

Canal 9 se ganó la reputación de televisión gubernamental

Ràdio Televisió Valenciana ha acumulado 1.200 millones de euros de deuda. Su plantilla había alcanzado, hasta ayer, los 1.695 empleados. La factura por la contratación de producciones externas llegó a multiplicarse por tres desde que los populares accedieron a la Generalitat, en 1995. Y a pesar de ello la audiencia de Canal 9 ha ido disminuyendo hasta tocar suelo en el 4,2%.

El expediente de empleo (ERE), junto a la ley recientemente aprobada en las Cortes, suponen un cambio de modelo. La corporación privatizará buena parte de su programación. Su control por parte del Gobierno autonómico, sin embargo, continuará incluso reforzado. El partido mayoritario en las Cortes podrá seguir nombrando a su director general, y los representantes nombrados por la oposición ya no podrán bloquear decisiones en el consejo de administración.

El comité de empresa anunció que presentará una demanda colectiva contra el expediente por considerar que se ha planteado sobre criterios contrarios a derecho. Los socialistas también impugnarán la reunión del consejo de administración, cuya primera convocatoria se fijó a las 21.30 y la segunda, a medianoche.

Los trabajadores han protagonizado una fuerte movilización en los últimos meses, que llegó a su punto álgido con las jornadas de huelga —la última, ayer— y la irrupción de miembros del comité de empresa en el plató de informativos, que obligó a cancelar durante horas la emisión en directo hasta que intervino la policía. El dato de audiencia de la televisión refleja, sin embargo, que hace tiempo que la sociedad valenciana dio la espalda a su televisión pública.

Cinco de los antiguos máximos directivos de la corporación están imputados

Canal 9 se ganó a lo largo de los años la reputación de televisión gubernamental, lo que puede haber influido en ese distanciamiento. La oposición apenas ha tenido cancha en las cadenas públicas. Fue sonada en 2007, por ejemplo, la desaparición de la entonces candidata socialista a la alcaldía de Valencia, Carmen Alborch, que acumuló meses sin aparecer en pantalla. O el tratamiento informativo, más bien nulo, que la corporación dio a la imputación del expresidente Francisco Camps en el caso Gürtel, que acabó provocando su dimisión. O la discreción con la que ha abordado los casos de corrupción que han sacudido la comunidad autónoma.

También han empañado la imagen de la corporación los escándalos judiciales, por supuesta corrupción y acoso sexual, en los que se han visto inmersos quienes fueran sus principales directivos. Pedro García, director general del ente entre 2004 y 2009, está imputado por haber participado, supuestamente, en el desvío a la trama Gürtel de tres millones de euros destinados a cubrir la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006. García, según la investigación, se habría llevado una comisión por posibilitar el amaño. En el mismo caso está imputado por supuesta malversación de caudales públicos y prevaricación Ricardo Calatayud, director económico de RTVV hasta junio, cuando su situación procesal llevó a la Generalitat a forzar su caída. Y también el exjefe del departamento técnico del ente, Luis Sabater, y el exdirector de antena, Antonio de la Viuda.

Más escabroso es el caso de Vicente Sanz, durante 15 años secretario general de RTVV y responsable de recursos humanos, procesado después de que tres periodistas de la casa lo denunciaran por abusos sexuales. Sanz, que fue presidente provincial del PP de Valencia en los años noventa, quedó inmortalizado por una grabación generalmente atribuida al expresidente Eduardo Zaplana en el que afirmaba: “Estoy en política para forrarme”. Sanz dimitió en 2010, después de que se hiciera pública la denuncia.