Franco vive en las calles de Valencia

Todo se llevó a cabo en diez minutos. El barón de Cárcer, primer edil franquista de Valencia, nombró alcalde honorífico a Francisco Franco ante una inminente visita del Generalísimo a la ciudad. Fue un 1 de mayo de 1939. Pocos días después de que acabara la Guerra Civil española. Desde entonces y hasta hace tres semanas, el Ayuntamiento de la capital mantenía esta distinción. Sin embargo, el 31 de julio, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Valencia admitió un recurso presentado por el grupo municipal Compromís que obliga a su retirada. La decisión de conservarlo por parte del Consistorio, dirigidp por Rita Barberá (PP), había sido defendida en varias ocasiones por diferentes motivos como el afecto de la oposición al pasado o “no hurgar en viejas heridas”.

“La decisión tiene un argumento definitivo: a doña Rita Barberá, que estaba por encima de la ley, le hacen cumplirla”, explica al otro lado del teléfono Matías Alonso, coordinador del grupo para la recuperación de la Memoria Histórica de Valencia. A raíz de esta sentencia, la oposición ha exigido la retirada de vestigios franquistas en la nomenclatura de las calles y le existencia de símbolos preconstitucionales.

El Ayuntamiento alega que no tiene sentido hurgar en el pasado

La coalición Compromís denunció el pasado mes de septiembre ante la fiscalía este incumplimiento de la ley de la Memoria Histórica, firmada en 2007, tras presentar una moción en el Pleno del Ayuntamiento. Entonces, su portavoz, Joan Ribó, alegó que ya existía jurisprudencia en un caso similar. Anteriormente, el 24 de marzo de 2009, fue el socialista Juan Soto quien instó a la alcaldesa a eliminar este “legado fascista”. “Revocar el título”, argumentó, “sería reparar una deuda moral y política”. En esa ocasión también se refirió a la retirada de escudos, placas “o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. “Presentamos un conjunto de alegaciones incluso antes de que se firmara la ley de Memoria Histórica”, matiza ahora Soto, “pero nos dijeron en su momento que era remover el pasado y abrir heridas”.

Unos años después de este llamamiento, Valencia aún conserva decenas de placas dedicadas a estas personalidades. Desde las 28 calles que conforman el Grupo Antonio Rueda, denominadas con los nombres de falangistas “caídos por Dios y por España”, hasta la del médico Francisco Marco Mereciano, que ordenó la muerte del rector Peset Aleixandre. “Es como si en Alemania hubiera tributos a Hitler”, comparan en el PSPV. “Es impensable encontrarse con una cruz gamada en un edificio alemán”, añade Soto.

A estas alturas de agosto, el colegio público Teodoro Llorente tapa sobre su puerta principal un águila imperial manchado de pintura con un cartel que anuncia una exposición. Como este centro de enseñanza, el animal que componía la bandera nacional durante la dictadura “adorna” la entrada del San Juan de Ribera. En este otro centro educativo se están llevando a cabo obras de remodelación que, según los trabajadores, “no tocará la fachada”, cubierta por una lona de construcción. “No es solo una obligación moral retirar el nombre de todas aquellas personas relacionadas con la dictadura franquista y el golpe de estado, también es una obligación legal”, considera la concejal de Compromís Pilar Soriano. “En los colegios es especialmente grave que haya símbolos que agredan la consciencia democrática”, apostilla el diputado socialista.

Manuel Simó o Pablo Menéndez en el barrio de Patraix; Antonio Rivera Ramírez, Ángel del Alcázar o el barón que encabeza la noticia. Más de sesenta personas relacionadas con el régimen nutren el mapa de esta ciudad. “En la Comunidad Valenciana el tema de la memoria histórica parece que produce una especie de urticaria”, alega Alonso. “No solo mantienen los honores, sino que en el último callejero, las calles de la ciudad de Valencia- se enmascaran”. “Y la soberbia política en estos temas es superlativa”, añade el coordinador refiriéndose a las explicaciones del vicealcalde, Alfonso Grau, que siempre ha esquivado estas preguntas diciendo que a la oposición le gusta mucho airear esa época y que no tiene sentido revolver en cosas pasadas. “Creo que, efectivamente, era una posición indefendible decir que el título no se mantiene cuando el personaje ha fallecido”, rememora el actual portavoz socialista de Cultura en las Cortes Valencianes, “es ridículo e indefendible”.

La reciente decisión judicial también ha provocado que otras localidades soliciten la supresión de estos honores a Francisco Franco. La concejal de Esquerra Unida en Castellón, Carmen Carreras, señaló el pasado día 8 que su formación “tomará las medidas necesarias para que esta sentencia sea de obligado cumplimiento también en el Ayuntamiento de Castellón”. Y en Algemesí, la formación Més Algemesí habló de “higiene democrática” al presentar una propuesta similar. El portavoz de la formación, Josep Bermúdez, consideró que el fallo de Valencia “establece un precedente claro” y “perfectamente extrapolable” al Ayuntamiento de Algemesí.

Y este viernes el alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, pactó la retirada de todos los honores al dictador (que era alcalde perpetuo, hijo honorífico e hijo predilecto) a cambio de modificar el nombre de la plaza País Valencià por el de plaza de la Comunitat Valenciana. Rus declaró que sería “incompatible” mantener los honores a Franco y el topónimo de la plaza después de la entrada en vigor de la Carta Magna. Entre la oposición hubo un acuerdo con matices, pero —como aseguró Nacho Reig, del PSPV, “es lamentable que se aproveche esta perversión legal para mezclar estas dos cosas”— la "prioridad" es que Franco “deje de ser alcalde de Xàtiva”.

“En el PP aún existe una concepción muy autoritaria del poder que se ha acumulado durante todos estos años”, señala Juan Soto. “No han asimilado los valores de este cambio de régimen con respecto a los otros años oscuros y aún tienen mucho lastre del que desprenderse”. “Aquí no ha habido sumisión a la ley sino una resistencia programada”, concluye el socialista.