El PP acusa a la Junta de “dificultar” los trabajos de la comisión de los ERE

La comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el caso de los ERE empezará a trabajar el próximo día 21, pero el Partido Popular ya ha acusado al Gobierno andaluz de “dificultar” los trabajos porque está enviando, según él, documentación “incompleta”, “en malas condiciones” y a “cuenta gotas” a los diputados, según denunció este martes su portavoz parlamentario, Carlos Rojas.

A partir de la semana que viene y hasta el día 31 de agosto, el Parlamento acogerá las comparecencias de hasta 25 personas (23 hombres y dos mujeres) relacionadas con las ayudas entre las que figuran el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien será el último en declarar ante los diputados.

El PP lleva prácticamente todo el mes de agosto prologando los trabajos, a modo de calentamiento, cuyo desarrollo marcará la agenda informativa de la mitad del mes de agosto. Si el alcalde de Marinaleda, diputado autonómico de IU y líder del SAT, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha protagonizado los telediarios de la pasada semana, el testigo lo cogerán ahora los comparecientes propuestos por los tres grupos parlamentarios.

Carlos Rojas sembró dudas sobre la información que ha remitido la Junta de Andalucía a la comisión de investigación, la primera que se crea en el Parlamento andaluz en 17 años. Los populares han cursado 91 peticiones de documentación —en el juzgado que lo investiga la información acumula más de 350.000 folios— y entre la remitida entresacó un escrito remitido por el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, acerca de los expedientes de modificación presupuestaria desde 2001 hasta 2010. Según Rojas, Lozano informa de que “solo constan los que corresponden a los ejercicios 2005 a 2010, ya que los anteriores han sido eliminados siguiendo las oportunas instrucciones de archivos”. El portavoz emitió sus “sospechas” de que la Junta ha podido “destruir pruebas”.

Rojas dice que hay “sospechas” de que la Junta ha destruido pruebas

El portavoz popular también acentuó el hecho de que la Junta haya informado de que no existen informes de la Intervención General ni de los servicios jurídicos sobre la orden de la Consejería de Empleo del 27 de abril de 2010 que cambió el procedimiento administrativo para conceder las ayudas sociolaborales. Desde 2001 hasta 2010 la figura utilizada era la de la transferencia de financiación y se cambió por la de encomienda de gestión. ¿Debían emitirse esos informes jurídicos? Rojas dijo que “cree” que sí. Antes de marcharse de vacaciones, la juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, dictó un auto en el que ampliaba la investigación de las ayudas concedidas por la Junta desde 2010 hasta la actualidad.

Aunque el exalcalde motrileño aseguró que “falta muchísima” documentación y que hay “mucha en malas condiciones” no bajó al terreno de lo concreto y lo pospuso para entregas periodísticas posteriores. “Lo detallaremos esta semana”, apostilló.

Mientras Rojas intervenía en rueda de prensa, el PSOE convocó otra comparecencia informativa para intentar empatar con sus adversarios. La portavoz del PSOE en la comisión de investigación, Antonia Moro, acusó a los populares de “manipular”, “mal utilizar” y “hacer un uso torticero” de la documentación que está enviando la Junta al Parlamento. Según ella, esto se debe a que los populares pretenden “desviar la atención para que los ciudadanos no piensen” que el Gobierno de Mariano Rajoy “está recortando en dependencia, sanidad y subiendo el IVA”.

Moro negó que hubiera mantenido contactos con los miembros de su partido que han sido citados en la comisión para coordinar mensajes.