El parón del urbanismo en Ourense provoca reclamaciones por 120 millones

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ilegal de Ourense, aprobado en 2003 por Alberto Núñez Feijóo cuando era conselleiro de Política Territorial de la última Xunta de Manuel Fraga, está provocando una riada de demandas patrimoniales. El Ayuntamiento ha recibido ya 35 reclamaciones por valor de 110 millones de euros. Esta desorbitada cifra de apelaciones a la que se enfrenta la administración local todavía no es definitiva. Porque aún podría sufrir un incremento reseñable en la posterior fase de prueba del procedimiento administrativo.

Particulares y empresas reclaman cantidades que alcanzan en algún caso los 40 millones. Piden compensaciones por el perjuicio sufrido tras la anulación de la planificación. Reclaman que la normativa provisional vigente (el plan de urbanismo de 1986 con ámbitos actuales incorporados) impide desarrollar sus proyectos en las mismas condiciones de edificabilidad que establecía el anulado. También reclaman los gastos derivados de proyectos ya iniciados que ahora han quedado sin planificación. Los reclamantes fundamentan sus peticiones en el artículo 25 del reglamento de la Ley del Suelo, que acreditaría las indemnizaciones al no poder participar en el desarrollo de estos ámbitos.

No son los únicos problemas. La ordenación provisional vigente acumula 11 recursos contra el acuerdo del Consello da Xunta que la aprobó. Además se han presentando otros recursos judiciales contra acuerdos y licencias del Ayuntamiento otorgadas bajo la cobertura jurídica del plan tumbado. Desde el departamento de Urbanismo se explica que están fundamentando su defensa en que “la modificación de la clasificación urbanística no es indemnizable”.

Volver al pasado

El 17 de marzo de 2011, Ourense volvía al pasado. El Tribunal Supremo confirmaba la primera de las nueve sentencias del Tribunal Superior, que declaraba la ilegalidad del plan desde abril de 2008. La tercera ciudad de Galicia pasaba a estar regida urbanísticamente por una norma redactada hace un cuarto de siglo. El alto tribunal, certificó, entre otras irregularidades, que los edificios de los planos aprobados por el PP ocho años antes, tenían más alturas que los expuestos al público.

El Ayuntamiento, gobernado entonces por el popular, Manuel Cabezas, tuvo constancia documental de la ilegalidad a través de un informe municipal el día que lo aprobó. El actual regidor, Francisco Rodríguez, ha responsabilizado en numerosas ocasiones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por haber autorizado el PXOM cuando era conselleiro “a sabiendas de que era ilegal”. Feijóo también tuvo constancia documental de los cambiazos. Un constructor envió al entonces conselleiro un acta notarial en la que certificaba irregularidades en unas 160 zonas. A pesar de ello, Núñez Feijóo firmó la autorización definitiva apenas un mes después.