L’Alcalatén pacta indemnizaciones bajas y deja el juicio por el incendio

Cuando se van a cumplir cinco años del incendio que arrasó 7.400 hectáreas (5.700 forestales) de la comarca de L’Alcalatén y a las puertas del juicio que debe sentar en el banquillo a los diez trabajadores de Iberdrola y Montelpa acusados de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, los Ayuntamientos afectados han decidido retirarse del procedimiento judicial. Todos, salvo Les Useres, han aceptado ya y, en algunos casos, aprobado por pleno, el pago de una indemnización a cambio de no continuar con el conflicto en los tribunales.

El dinero recibido se sitúa muy por debajo de la cantidad reclamada inicialmente por los consistorios y respaldada después por la Fiscalía de Castellón, entre un 10 y un 40% según casos. Así, de los casi ocho millones de euros que el fiscal reclama como responsabilidad civil para Costur, Atzaneta, Figueroles, Llucena y Les Useres, las aseguradoras desembolsarán menos de 800.000, a falta de un pacto con el último Consistorio.

Les Useres fue el término que más pérdidas municipales sufrió. Las llamas arrasaron accesos al pueblo, infraestructuras hidráulicas, se vio afectada una zona de ocio y deportiva, etc. El técnico municipal cifró en 3,5 millones de euros el presupuesto necesario para la rehabilitación, lo mismo que reclama fiscalía.

El fiscal reclamaba 9,4 millones por las pérdidas y gastos de extinción

El alcalde, Jaime Martínez (PP), es el único que aún no ha aceptado ninguna cantidad. “De momento no nos han ofrecido nada en firme pero no aceptaremos nada que no veamos justo porque además de los daños en infraestructuras hay que tener en cuenta el daño moral”, explica. Martínez asegura estar abierto a la negociación y rehúsa dar una cifra, pero apunta que lo que el Ayuntamiento se ha gastado supera el millón de euros. El regidor prevé que en septiembre se pueda llegar a algún acuerdo con las aseguradoras.

El fiscal, en su escrito provisional de acusación, consideraba responsables de un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave a cuatro trabajadores de Iberdrola y seis de Montelpa, la empresa subcontratada para las obras en la torre eléctrica de Les Useres donde se originó el fuego. Pide para todos dos años y medio de cárcel. También reclama el pago de indemnizaciones de 9,4 millones por las pérdidas de los Consistorios y los gastos de extinción a las aseguradoras y a ambas empresas como responsables subsidiarias.

El segundo Ayuntamiento más afectado fue Llucena. El ministerio público reclamaba los 2,5 millones de euros cifrados por el técnico municipal. El equipo de gobierno ha aceptado solo 300.000 y se ha retirado de la vía judicial. “Hemos llegado a un acuerdo y lo hemos aprobado por pleno este mes”, explica el alcalde, Gerardo Luis Beltrán (PSPV). Para tomar la decisión ha pesado “la inmediatez del dinero” ante “un proceso judicial que puede ser interminable”. Según Beltrán, la valoración inicial incurrió en un “error”: “Se duplicaron partidas y hemos visto que el coste real era de unos 800.000”.

“Los Ayuntamientos necesitamos el dinero y por eso estamos aceptando”

El Ayuntamiento de Atzeneta fue de los primeros en aceptar. El portavoz del PSPV en la oposición, Santiago Agutina, apunta que se ha aprobado aceptar 336.300 euros de los 857.000 que reclamaban en los juzgados. “Los Ayuntamientos necesitan dinero y por eso estamos aceptando”, afirma. Lo mismo argumenta el alcalde de Costur, Gonzalo Centelles (PSPV): “Es una ayuda que llega ahora, con los tiempos que corren y sin saber el resultado del juicio ni cuánto se va a alargar por los recursos hemos optado por el acuerdo”. En su caso, la corporación aprobará en el pleno de septiembre aceptar el pago de 130.000 euros de los 854.000 reclamados por el fiscal.

El alcalde de Figueroles, Luis Gregori Herrando (PP), el único que junto con Centelles vivió el incendio como alcaldes, también ha puesto punto final al conflicto. “Éramos el municipio menos afectado [fiscalía reclama 315.000 euros] y nos ha parecido aceptable lo que nos ofrecían, hemos presentado todas las facturas que hemos podido y nos las pagarán”, dice. El problema es que el importe de las facturas presentadas asciende a 30.000 euros y se quedan sin fondos para el arreglo de los caminos municipales.

Con estos pactos, los Ayuntamientos afectados por el incendio de L’Alcalatén pierden otra oportunidad de recibir los fondos suficientes para estos trabajos. En diciembre del pasado año la Diputación de Castellón tuvo que devolver al Estado los 2,9 millones adelantados porque la Generalitat no acreditó formalmente el pago de una cantidad similar. Ningún Consistorio vio un euro.