La vivienda antes que el aserradero

Ganaron el primer asalto, pero son conscientes de que aún queda combate. Un centenar de vecinos y miembros de Stop Desahucios impidieron ayer el derribo de una vivienda ilegal en el barrio de A Tarela, parroquia de Camos-Nigrán, interponiéndose ante las máquinas que debían ejecutarlo por orden judicial. Los propietarios de la vivienda, el matrimonio formado por el albañil Santiago Piñeiro y Ana María Taboada, que viven en ella con sus dos hijas, reconocen su ilegalidad: la edificaron en suelo rústico y sin licencia. Pero denuncian la discriminación que se comete con ellos: la parroquia y todo el municipio están sembrados de construcciones de igual tenor y, singularmente, también es ilegal aserradero vecino, que está en el origen de la discordia.

La orden de demolición de la vivienda data de 2007, pero el litigio remite a 15 años atrás. Piñeiro y Taboada, entonces con dos niñas de uno y siete años, denunciaron que el aserradero de Maderas y Transportes Rafael Costas, que había realizado una ampliación de las instalaciones, les hacía la vida imposible con el ruido de las máquinas. El aserradero se había construido igualmente sin licencia, en el mismo suelo rústico y, a mayor inri, sobre un yacimiento arqueológico catalogado en la Dirección Xeral de Patrimonio. Todas esas circunstancias han sido ya asentadas en los tribunales a partir de denuncias mutuas que ambas partes frenaron en la vía judicial con un acuerdo que, según el matrimonio, el propietario del aserradero, Rafael Costas, incumplió al tiempo que se acentuaban “los ataques” contra ellos.

El Ayuntamiento ha emitido numerosas órdenes de paralización de la actividad del aserradero y de reposición de la legalidad urbanística. Pero no han surtido efecto. Piñeiro y Taboada lo atribuyen a que el empresario Rafael Costas es el padre de la concejal de Personal, Ana Rosa Costas Abalde, con lo cual, por esta vía, el asunto también se ha politizado. El grupo socialista cree que el gobierno local, del PP, no hizo “todo lo posible” para ayudar a la familia y que muestra un interés especial en ejecutar el derribo. El alcalde, Alberto Valverde, sin embargo, lo considera “un marrón” que ha de asumir para evitar el desacato judicial y sanciones personales como las que ha tenido que afrontar el alcalde de A Guarda.

Los propietarios de la vivienda achacan su situación a que el industrial es padre de una edil

El Ayuntamiento comunicó hace 15 días la fecha y hora del derribo, más una minuta de 15.000 euros por los costes de la operación. Tenía que haber sido ayer a las nueve de la mañana. La familia pidio auxilio al vecindario y antes de que las máquinas arrancaran el acceso a la vivienda ya estaba bloqueado por varios coches aparcados y un centenar de vecinos. Solo pudieron entrar tres agentes de la Policía Local de Nigrán para notificar la orden y registrar la oposición de los propietarios de la vivienda.

La familia, que asegura no tener dónde ir, mantiene una remota esperanza de que la casa sea legalizada por el nuevo plan general de urbanismo, cuya aprobación inicial se prevé para dentro de un mes. Precisamente ayer visitó el ayuntamiento el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, para tratar del asunto. No hubo ninguna alusión pública al conflicto y las noticias que se tienen del plan descartan la recalificación de la parcela.

El apoyo vecinal, que incluyó una pequeña manifestación hasta la puerta del aserradero para gritar su ilegalidad, y la paralización del derribo, dieron ayer una alegría momentánea a la familia. Pero también saben que en el plazo de un mes se repetirá la orden de derribo, y entonces podría requerirse la intervención de la Policía Nacional.