Los agentes de empleo demandarán a la Junta por despido improcedente

Los agentes locales de promoción y empleo (Alpe) de Andalucía presentarán una demanda judicial colectiva, y también lo harán a título individual, por despido improcedente si se hace efectivo la extinción laboral que les ha comunicado la Junta para finales de septiembre.

El colectivo, adscrito al Servicio Andaluz de Empleo, está formado por unas 800 personas que ya han recibido, en su mayoría, una carta de despido con el argumento de que el Gobierno recorta a la Junta el presupuesto para políticas activas de empleo, según los afectados. Según el manifiesto de una plataforma de afectados, los Alpe son el colectivo menos numeroso y con menor presupuesto y, además, están cofinanciado por los Ayuntamientos, por lo que no le supone a la Administración autonómica “coste alguno en infraestructuras, ni de oficinas”. Las entidades locales también han manifestado su disconformidad con el despido de estos agentes de desarrollo local. El manifiesto reprocha al Gobierno andaluz que mantenga otros programas de empleo con un mayor presupuesto que el de los Alpe, un colectivo que procede del programa de empleo más antiguo de España, de 1986.

Cuando la Junta recibió las transferencias de las políticas activas de empleo, la Junta “creó una amplia red de programas, subprogramas, sociedades y fundaciones como Andalucía Emprende, CADE y FAFFE, entre otras”. “El funcionamiento del programa era perfecto, pero desde 2004 en que lo adopta la Consejería de Empleo comienza su entramado político y la duplicidad de estructuras jerárquicas paralelas”, censura la plataforma de afectados. Los Alpe desarrollan un trabajo multidisciplinar que va desde gestionar un programa europeo, a elaborar los proyectos de las escuelas taller, casas de oficio, cursos de formación profesional para el empleo o a realizar estudios socio-económicos para los municipios.

La Junta argumenta que la desaparición de los Alpe estaba prevista para junio en los presupuestos del Estado, pero el Ejecutivo andaluz prorrogó los contratos hasta septiembre a la espera de una respuesta del Gobierno central para que aumente en unos 300 millones la partida destinada a políticas activas de empleo.