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Euskadi mantendrá la atención a los sin papeles sin aprobar nuevas medidas

Sanidad usará leyes en vigor para evitar otro recurso de Rajoy al Constitucional

Varios inmigrantes speran a ser atendidos en el centro de salud de La Merced, en Bilbao.
Varios inmigrantes speran a ser atendidos en el centro de salud de La Merced, en Bilbao.

Euskadi está decidida a mantener la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que en la actualidad, sin aplicar la nueva intención del Gobierno central de cobrar por atenderles, pero no va a aprobar un nuevo decreto para ello. De esta forma, según fuentes del Ejecutivo, se evita, entre otras cuestiones, la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy lleve esa norma al Tribunal Constitucional, como ha hecho en el caso del copago farmacéutico y del aseguramiento sanitario. El recurso del Gobierno del PP va a obligar a Euskadi, mientras se resuelve, a aplicar el copago, una medida que rechazó desde el primer momento, y negar la atención a inmigrantes, algo que Euskadi sigue asegurando que no piensa hacer en ningún caso.

El Gobierno central aprobó por un Real Decreto publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado cuáles serán los colectivos que quedarán fuera de la cobertura sanitaria pública y ya ha empezado a trabajar en la opción que dará a quienes se queden fuera: que suscriban una especie de póliza con la sanidad pública, previo pago de 710 euros al año para los menores de 65 años y 1.864 para el resto.

Ante estos nuevos pasos que se materializarían en septiembre —y dejarían a los inmigrantes sin permiso de residencia pudiendo acudir a Osakidetza solo en casos de urgencia—, el Ejecutivo vasco se inclina por descartar la aprobación de un nuevo decreto que les proteja. No será necesario, según indican fuentes del mismo, ya que basará en legislaciones y normativas consolidadas desde hace años todas las medidas que tome con respecto a este recorte de los derechos sociales y también las medidas que se tomen para paliar el copago farmacéutico en los pensionistas.

El Gobierno critica la “regresión hacia

una Seguridad

Social obsoleta"

Todo ello ahora que los servicios jurídicos del Gobierno autónomo trabajan para presentar en tres semanas al Constitucional las alegaciones a la suspensión cautelar por cinco meses del decreto que el Gobierno vasco aprobó para dejar sin efecto ambos recortes.

El viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, aseguró ayer a EL PAÍS que el marco legal con el que está dotado el País Vasco resulta suficiente para dar soporte legal a la atención a inmigrantes y otros colectivos que se quedarán sin atención sanitaria no urgente a partir de septiembre. El Ejecutivo señaló en un comunicado: “Nuestra propia capacidad normativa y nuestro autogobierno” dan margen suficiente.

El Gobierno cargó contra las medidas que Rajoy está adoptando en el ámbito sanitario, que suman buena parte de los enfrentamientos entre los responsables de ambas Administraciones. Lehendakaritza difundió por la mañana un comunicado oficial en el que, además de insistir que mantendrá la asistencia sanitaria a todos los colectivos afectados por el Real Decreto, considera este como una “regresión hacia un modelo de Seguridad Social obsoleto y contrario a los principios de cobertura universal y financiación a través de los impuestos”. El sistema “conduce hacia una completa centralización del reconocimiento de la condición de asegurado”, de manera que las comunidades pierden poder, añade.

Euskadi presentará

en unas tres semanas

sus alegaciones

al alto tribunal

El texto censura tanto la retirada del aseguramiento a los inmigrantes sin papeles como a aquellas personas con rentas superiores a los 100.000 euros anuales —“también pagan sus impuestos”, destaca—. Y recuerda que se paraliza la inclusión de profesiones liberales en el régimen general, como los abogados, algo que estaba a punto de ocurrir.

Sus críticas no se quedaron solo en el Gobierno central. También reprocha a PP, PNV y Bildu, que estén avalando, como ya ha ocurrido en Álava, que las Diputaciones comuniquen los datos de renta necesarios para que se establezca el nivel de copago farmacéutico a cada ciudadano.

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