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El Consell quiere a Blasco imputado para que declare “con garantías”

La Fiscalía Superior afirma que el síndic cobró dinero desviado de cooperación

Rafael Blasco, en un pleno de las Cortes Valencianas.
Rafael Blasco, en un pleno de las Cortes Valencianas.

La explicación oficial es que el Consell quiere que el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, declare en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para que pueda “explicarse con todas las garantías procesales”. Pero formalmente, lo que se ha solicitado es que se impute al síndic popular la comisión de seis delitos por su implicación en el caso de la cooperación, es decir, la causa que investiga el saqueo entre 2008 y 2011 de alrededor de seis millones de euros de los fondos destinados a países en vías de desarrollo que otorgaba la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía cuando la dirigía Blasco.

El vicepresidente de la Generalitat y portavoz del Consell, José Ciscar, preguntado ayer por la decisión de la Abogacía de la Generalitat de pedir la imputación de Blasco, abogó por “el más absoluto respeto al derecho constitucional de presunción de inocencia, partiendo de la base de que en estos momentos no está imputado”. Ciscar añadió que el Consell persigue “el completo esclarecimiento de los hechos y que la justicia pueda hacer su labor y depurar todas las responsabilidades que pueda haber en todo este proceso”.

El informe de la Abogacía, que recibió en marzo el encargo del Consell de personarse como acusación particular en una causa que ya acumula 27 imputados, respondía a favor de la imputación en respuesta a la consulta que hizo a las partes la magistrada del TSJ Pía Calderón. La juez estudia la petición del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, cuya titular es Nieves Molina, para que el Tribunal Superior impute al diputado popular y asuma la causa dada la condición de aforado del político.

Mireia Mollà critica que Blasco

“sigue cobrando el sueldo de síndic”

El informe de los letrados de la Generalitat insta al TSJ a investigar la causa tras recoger las graves acusaciones que realizan tanto Molina como la Fiscalía Anticorrupción, en las que se imputa a Blasco la posible comisión de seis delitos: fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Otra de las partes que han respondido a Calderón ha sido la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, en un escueto pero contundente informe de apenas dos páginas. Firmado por el teniente fiscal en funciones de fiscal superior Gonzalo López Ebri, el documento asegura que “Rafael Blasco Castany, en su condición de consejero de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno valenciano, se concertó con Augusto César Tauroni Masiá [el principal imputado y único que permanece en prisión] para concederle subvenciones destinadas a proyectos de cooperación en el tercer mundo”.

Ignacio Blanco: “Todo el mundo

tiene clara la participación”

López Ebri, que se hace eco así de la investigación de los fiscales que han llevado el caso, Jesús Carrasco y Vicente Torres, también asegura que parte del dinero de las subvenciones se desviaba a empresas de Tauroni tanto en España como en Estados Unidos y que “este hecho era conocido por don Rafael Blasco”. Por último, asegura que de la investigación “se desprende que Augusto César Tauroni pagaba a Rafael Blasco parte del dinero de las subvenciones que el mismo concedía”.

El informe de la Abogacía generó varias reacciones en la oposición. El portavoz adjunto de EUPV en las Cortes, Ignacio Blanco, señaló que “todo el mundo tiene clara la participación” de Blasco en el saqueo, “desde las ONG hasta la propia Generalitat Valenciana”. Blanco añadió: “Ahora empezamos a entender por qué el informe interno de la consejería que revisaba los expedientes sospechosos está guardado bajo siete llaves”, en referencia a un documento que el Consell ha dicho que entregará a la juez si se lo solicita.

Por su parte, la diputada de Compromís Mireia Mollà reclamó la destitución de Blasco y criticó que no realiza funciones de portavoz pero “sigue cobrando el sueldo de síndic y disponiendo de coche oficial”. Una circunstancia que Mollà calificó de “surrealista” y que le sirvió para cuestionar la pretendida “tolerancia cero con la corrupción” que abandera el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

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