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El juez de Emarsa inmoviliza 1,7 millones de euros de una imputada

El magistrado Ríos ya impuso una fianza de 2,7 millones de euros a su marido, Vicente Ros, uno de los administradores de Notec

El magistrado Vicente Ríos, que instruye desde el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia el saqueo de la empresa pública Emarsa, ha ordenado que se inmovilice el patrimonio de la imputada en el caso Vicenta José Fortuny puesto que sus propiedades pueden ser constitutivas de un delito de alzamiento de bienes. Fortuny es esposa de Vicente Ros, uno de los administradores de Noves Técnicques Ecològiques, SL (Notec), empresa que facturó 5,5 millones de euros de la trama a través de Erwinin, firma de Jorge Ignacio Roca, empresario en paradero desconocido y principal imputado de la causa junto a los gestores de Emarsa.

Según los datos en poder del juez, Ros y su mujer acumulan un patrimonio entre inmuebles y cuentas de 3,4 millones de euros. Ríos ya impuso una fianza de 2,7 millones de euros a Ros.

En una providencia firmada el pasado viernes, Ríos, encargado de investigar un agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, acordó librar un mandamiento judicial al Registro de la Propiedad para que se proceda a la anotación preventiva de que se prohíbe a Fortuny disponer o traspasar los bienes que están a su nombre por un valor de 1,73 millones de euros.

En la providencia, contra la que cabe recurso de reforma y de apelación, el magistrado estima la petición así formulada por el ministerio fiscal, que lleva adelante Virginia Abad, y acuerda, como medida cautelar, prohibir a Fortuny hacer uso de varias fincas, campos y naves industriales. Dentro de la investigación, se investiga a Fortuny porque podría haber cometido un delito de alzamiento de bienes, al tener a su nombre propiedades que habría conseguido de forma ilícita su marido.

En concreto, Ros y Fortuny liquidaron en abril de 2011 la sociedad de gananciales que tenía el matrimonio. Antes de la separación de bienes, el matrimonio disponía, según recoge la resolución judicial, bienes y derechos gananciales por valor de 4.014.841,15 euros. Así, el matrimonio contaba con cuatro campos de tierra de secano de viña, olivos y naranjos, valorados en 80.000 euros; una parcela edificable por valor de 125.000 euros; una vivienda-apartamento en Valencia, por 130.000 euros; y un aparcamiento y trastero valorado en 15.000 euros. La vivienda estaba grabada con una hipoteca de 61.904,25 euros, y la plaza de garaje con 4.207,08 euros.

Además, la pareja disponía de otra vivienda valorada en 130.000 euros; de otra plaza de garaje por 11.000 euros; y de un trastero valorado en 3.000 euros. En este caso, la casa y el garaje contaban con una hipoteca de 80.819,58 euros.

El matrimonio, junto a estos bienes, contaba también con un local integrado en el centro comercial La Nao 2 fase valorado en 180.000 euros; un conjunto de seis naves industriales por 800.000 euros; otra nave industrial situada en Alaquàs por 110.000 euros; una nave más por 370.000 euros; un saldo de 6.772,02 euros en una cuenta de valores; y dos plazos fijos por valor de 599.600 euros y 200.000 euros.

Asimismo, contaba con un plan de pensiones, de la que era titular Fortuny, por un saldo de 38.676,96 euros; otro plan de pensiones, pero a nombre de su marido, por 47.575,70 euros; dos planes de ahorro por 819,94 euros y por 1.014,43 euros. También disponía de cuatro cuentas corrientes con un saldo de 54.591,03 euros; 18.765,25 euros; 3.109,82 euros; y 4,62 euros. Además, contaba con 2.400 participaciones sociales de una mercantil, valoradas en un importe global de 181.857,54 euros; 501 participaciones en otra entidad, por valor de 819.249,50 euros; y 1.494 participaciones de otra mercantil valoradas en 89.804,34 euros.

En total, la suma de bienes y derechos ascendía a 4.015.841,15 euros, y descontando los préstamos pendientes y pasivos quedaba un líquido de 3.479.021,57 euros, correspondiendo a cada cónyuge 1.739.510,79 euros.

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