La RTVA, en situación crítica

Cada andaluz se pasa frente a la televisión dos meses, unas cuatro horas diarias. De este tiempo, una parte la pasa viendo Canal Sur, por la que paga al año entre 14,9 y 20 euros, según qué entidad calcule los datos. La crisis ha vuelto a poner en el punto de mira a estos servicios públicos y ha supuesto la práctica disolución del canal valenciano, con el despido de 1.300 de los 1.700 trabajadores, y el resurgir de propuestas de privatización.

La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) parece que no va a seguir esa senda, pero su situación es crítica: la reducción de la aportación de la Junta y de los ingresos de publicidad hacen insostenible la actual estructura. La Junta, los políticos, los directivos y los trabajadores defienden un ente público y con la actual plantilla, de 1.587 empleados. Para eso hacen falta 165 millones de dinero de la administración.

El consenso político sobre el mantenimiento de la RTVA tiene la máxima justificación legal: el Estatuto de Autonomía, que garantiza un servicio y una gestión pública que obliga a la Junta. A partir de ahí, surgen las diferencias en cuanto al modelo y los recursos necesarios.

La RTVA tiene autorizado por el Parlamento un gasto de 219,6 millones y un déficit de 30. Cuenta este año con 122 millones de la Junta de Andalucía (33 menos que el año anterior y casi 60 menos que en 2009), una previsión de ingresos por publicidad de 40 millones que no se va a cumplir y la intención de vender delegaciones y su participación en Sandetel por 21 millones, algo que tampoco se llevará a cabo.

Para hacer frente a esta crítica situación, se ha recurrido a un recorte de gastos que suman unos 20 millones. Pero es matemáticamente insuficiente para presentar unas cuentas equilibradas.

“La voluntad es cumplir, aunque el margen de maniobra es pequeño”. Así resume la situación el exconsejero de la RTVA a propuesta del PSOE y actual portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, quien admite que no es fácil la solución. Insta a todas las partes a “adaptarse” a los nuevos tiempos de restricciones y aboga por un modelo que “aproveche al máximo los recursos”, reduzca los “costes de producción”, busque las mejores ofertas del mercado y “no deje al pairo al sector audiovisual”. Todo manteniendo el empleo y cuotas de pantallas razonables, que ahora oscilan en torno al 14%. Pero no responde si la Junta puede aportar más a la RTVA y concluye. “El Gobierno apuesta e intentará dar el máximo para un servicio público que es garantía de pluralidad y clave para vertebrar Andalucía. Nunca aceptaremos que es una máquina de despilfarro, como afirma la derecha”.

La derecha, al menos en Andalucía y según el secretario general del Partido Popular, José Luis Sanz, admite que el modelo actual está “blindado” por el Estatuto y se desmarca de la ruta establecida por su partido en otras comunidades. En una reciente comparecencia sí advirtió Sanz que, “en un momento económico como el actual, las aportaciones de la Junta no pueden ser las mismas que en los tiempos de bonanza”. “Habrá que cambiar el modelo modificando, por ejemplo, la programación”, afirmó. Ni él ni otro representante del PP quisieron aclarar a este periódico qué modelo defienden.

Juan de Dios Villanueva, consejero en la RTVA a propuesta de Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno, propone un “nuevo plan de viabilidad” donde se aborden costes salariales, externalizaciones y producción propia. El objetivo para IU es que se afecte lo menos posible a los derechos y retribuciones de los trabajadores.

Una línea similar defiende Rafael Navas, representante de UGT en el comité de empresa, que considera innegociable la plantilla y el carácter público de la RTVA, por lo que reclama que las administraciones hagan el esfuerzo que sea necesario para hacerla viable. “No se puede estar en una manifestación contra los recortes y hacer decretos de ajuste”, advierte el representante de los trabajadores al Gobierno andaluz.

Pedro Corrientes, de CC OO, coincide con Navas en que detrás de un medio de comunicación público están la defensa y la garantía de la democracia y la pluralidad, algo que la Administración está obligada a defender con la dotación presupuestaria suficiente. Pide una organización más eficiente y critica que el nuevo modelo que defienden en su opinión PSOE y PP es una titularidad pública y una explotación privada, sistema que, según dice, no garantiza las condiciones adecuadas. Añade que la externalización de trabajo pretende dejar sin sentido las plantillas públicas.

En opinión de Navas, hay que cumplir los contratos programas entre la Junta y la RTVA, así como redefinir la televisión, optimizar recursos y revisar los contenidos. Añade que prescindir de producciones propias o de inversiones supone una pérdida de competitividad que redunda en la audiencia y, a la larga, en la viabilidad económica de la empresa.

Navas asegura que los trabajadores están dispuestos a asumir reducciones salariales, pero no sin negociar. El comité calcula que el sueldo mensual medio del ente autonómico está entre 1.800 y 2.000 euros. Con los recortes, podrían perder unos 200 euros en cada nómina más la extra de Navidad. A esto habría que sumar cambios en condiciones laborales y la eliminación de beneficios. Demasiados recortes, afirman.

Tanto los sindicatos como IU habían reclamado que antes de meter la tijera al grueso de la plantilla se redujeran los sueldos de los directivos. Y el Consejo de Gobierno lo ha hecho al limitar el máximo salario en entes públicos a 59.554 euros. De esta forma, el director del ente, que tenía un sueldo de 125.411,16 euros brutos anuales verá rebajada su remuneración en un 60%. En la dirección, antes de que se apliquen los recortes, hay nueve directivos que ganan entre 93.435 y 87.819 euros brutos al año; otros ocho que obtienen 78.138 y 18 con un sueldo de 58.417. En total suman más de dos millones al año frente. Toda la plantilla cuesta 96 millones.